domingo, 24 de julio de 2022

ENTRE PROGRESISMOS DEGRADADOS Y DERECHAS FEROCES

HASTA QUE EL PUEBLO DIGA BASTA











 "Siempre hemos vivido en barracas y tugurios. Tendremos que adaptarnos a ellos por algún tiempo todavía. Pero no olviden que también sabemos construir. Somos nosotros los que hemos construido los palacios y las ciudades de España, América y todo el mundo. Nosotros, los obreros, podemos construir nuevos palacios y ciudades para reemplazar a los destruidos. Nuevos y mejores. No tememos a las ruinas. Estamos destinados a heredar la tierra, de ello no cabe la más mínima duda. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos dentro un mundo nuevo. Está creciendo mientras yo hablo con usted".


Buenaventura Durruti,

dirigente anarquista,

entrevistado por el diario Toronto Star.

 

Soñando con los verdes 

De un tiempo a esta parte, pocos analistas del acontecer político nacional están en condiciones de asegurar que la gestión del Frente de Todxs llegará al feliz término de su mandato sin sobresaltos. 

Para no aburrir reseñando indicadores macroeconómicos capaces de desmentir el discurso voluntarista del gobierno, vale la pena tomar nota de datos que a menudo pasan bastante desapercibidos. 

Por ejemplo, la menor cantidad de basura que se recolecta últimamente no solo golpea a miles de argentinxs pobres que subsisten con la venta de plásticos, cartones o botellas de vidrio, sino que es un signo de la caída del consumo - ese hábito que tanto desvela a la Vicepresidenta - por la pérdida de poder adquisitivo de la población. 

Con una crónica escasez de divisas y un elevado déficit fiscal, nuestro país no consigue dejar atrás una prolongada crisis que se profundizó con la pandemia de coronavirus y que ha dado por tierra con las fantasías reeleccionistas del Primer Mandatario. 

Aunque la economía tuvo un leve repunte en 2021, el horizonte muestra los nubarrones de una inflación que este año llegaría al 76%, de acuerdo con el último sondeo entre expertos realizado por el Banco Central. En junio, la inflación fue del 5,3% y los analistas esperan que se acelere en julio. 

La pobreza, que se había reducido al 37,3% de la población el año pasado, subiría al 40% en la segunda mitad de 2022, según indican las proyecciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) 

Según la consultora privada Focus Market, el consumo - ese hábito que tanto desvela a la Vicepresidenta - retrocedió en junio un 4,5% respecto del mismo mes de 2021 y acumula una baja del 2,4% en los primeros seis meses del año. 

El acuerdo que Argentina cerró en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar deuda por unos 44.000 millones de dólares establece, entre otras metas, una reducción de la inflación, hoy el mayor problema económico del país. 

En busca de estabilizar la economía, la flamante ministra del área, Silvina Batakis, antes de viajar a EEUU para entrevistarse con la presidenta de aquella entidad financiera, anunció una serie de medidas ortodoxas que llevaron relativa calma a los mercados. 

No obstante, no está claro cómo evolucionará el vínculo entre AlbertoCristina Fernández, cuyas feroces disputas reportaron bastantes complicaciones en los últimos meses. 

Nuevas críticas de la Vicepresidenta, que ha defendido el aumento del gasto público e impulsado amplios subsidios a la pobreza, podrían jaquear las iniciativas de la flamante ministra.

Un reciente sondeo de la consultora Trespuntozero indica que el 75,8% de lxs argentinxs considera “malo o muy malo” el desempeño del Gobierno en materia económica.

La caída del poder adquisitivo, ha obligado a la clase media a modificar algunos hábitos: adquiere productos de segundas marcas, abandona el consumo de  bienes caros o cambia a sus hijos de escuelas privadas a públicas. 

Según la consultora mencionada más arriba, el 89,3% de lxs argentinxs tuvo que realizar recortes de gastos recientemente, principalmente en salidas, alimentos y ropa. Casi el 90% se vio obligado a reducir el consumo de carne vacuna, base de nuestra dieta. 

Ante este panorama, un sector del kirchnerismo considera la factibilidad de un plan de neo convertibilidad que ate la moneda nacional al real brasileño para terminar con la dependencia del dólar que padece nuestra economía. 

"La economía bimonetaria une a todas las crisis de la Argentina: la escasez de dólares, la corrida cambiaria, las devaluaciones y las inflaciones", sostuvo oportunamente Cristina Kirchner en El Calafate. 

Y algo de eso ocurre, si consideramos que importantes volúmenes de la divisa verde ingresados desde las exportaciones se destinan luego a la importación de productos suntuarios que no favorecen a la economía popular, cuando no a la fuga lisa y llana con rumbo a los paraísos fiscales. 

En su encuentro con Carlos Melconian, la Vicepresidenta dedicó un importante tramo de esas tres horas a analizar dicho fenómeno. Casualmente, su interlocutor  era el Ministro de Economía previsto por Carlos Menem si se imponía en las elecciones de 2003, cuando el ex presidente aspiraba a dolarizar la economía. 

El Instituto Patria está lejos de pensar en la dolarización. Sin embargo, atento al pensamiento de su Jefa, y apostando fuerte a ser su delfín, Jorge Capitanich manifestó: "Hay que tener una política de shock, la posibilidad de tener un modelo que implique aplicar la moneda digital como moneda de curso legal única" (…) "Tenemos que reconocer la existencia fáctica de un régimen bimonetario”. 

En el bunker de Cristina también se analiza el plan Real que diseñó Fernando Henrique Cardoso y estabilizó la economía del gigante sudamericano hasta nuestros días. Ella misma lo puso como ejemplo de un país que no depende de los dólares para manejar su economía. 

Este sector de la coalición gobernante no oculta su entusiasmo ante la posibilidad de que triunfe Lula en las presidenciales de este año. Consideran que su regreso al Palacio de Planalto inaugurará un nuevo escenario geopolítico en la región, más propicio para una candidatura presidencial de la Vicepresidenta. 

Por lo pronto, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, ya habló por teleconferencia con el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, sobre la implementación de un esquema de pago en monedas locales para el comercio bilateral con el objeto de sortear la falta de dólares.

Así y todo, en las horas que corren pocas cosas parecen tan remotas como las elecciones de 2023. 

 

Hacia un bipartidismo represivo

La arremetida de Cristina contra esxs últimxs a lxs que el Presidente prometió que en su gestión serían lxs primerxs dio rienda suelta a gobernadores, intendentes, y jueces para llevar a cabo medio centenar de allanamientos contra comedores y locales de movimientos a los que se acusó de constituir “asociaciones ilícitas” que medran con las penurias de su activismo.

La ofensiva comunicacional, judicial y represiva desatada contra las organizaciones sociales que ensayan respuestas ante sus bases allí donde el Estado no llega, trata de ser neutralizada desde la Secretaría de la Economía Social, que acaba de presentar una resolución creada con el fin de evitar desmanejos administrativo - financieros por parte de dichas fuerzas, instando a lxs beneficiarios del Potenciar Trabajo  a difundir tales eventualidades a través de los canales de reclamo y denuncia existentes. El texto enumera los derechos para quienes reciben el programa y las obligaciones de lxs mismxs, entre las que están el cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales dentro de una unidad de gestión o certificación en las ramas de actividades contempladas. 

Tales actividades deben realizarse de forma independiente u organizada y nunca en beneficio de un tercero o bajo relación de dependencia encubierta. A su vez, lxs beneficiarixs pueden optar por realizar actividades de capacitación que serán acreditadas por la Unidad de Certificación. 

La iniciativa también se detiene en el señalamiento reciente de la Vicepresidenta, dejando en claro que ninguna persona o autoridad de las unidades de gestión puede exigir dinero como aporte o cuota, ni participar de actividades políticas, religiosas o que no pertenezcan al ámbito laboral o educativo del programa. Al considerar estas prácticas como ilegales, la resolución deja en un limbo al propósito de las organizaciones insumisas que apuntan a la auto organización - siempre política - de sus bases.

Indudablemente esa avanzada del kirchnerismo trasciende su pulseada con el Movimiento Evita y lxs funcionarixs que integran la UTEP en la disputa por el control de fondos destinados a planes sociales, o la confrontación en algún distrito del conurbano. 

Acaso el quid de la cuestión reside en advertir que el humor social sigue caldeándose y el espacio público le ha sido arrebatado al oficialismo por un activo y numeroso movimiento piquetero. 

El origen del diferendo puede sondearse en el reemplazo de Daniel Arroyo por el Intendente de Hurlingham en uso de licencia, con el propósito de reforzar el poder territorial de la clase política en desmedro de las organizaciones sociales tanto oficialistas como opositoras. 

El objetivo perseguido no es nuevo ni tiene nada de original. Más bien entronca con los esfuerzos que la partidocracia viene realizando para evitar su desplazamiento de la escena, desde la irrupción de las organizaciones que protagonizaran las puebladas piqueteras ocurridas en Cutral-Co y Plaza Huincul en junio de 1996. 

Ello supuso la emergencia de un nuevo actor social que, con variada potencia según la coyuntura, constituye una singular novedad en la historia de lucha de la clase trabajadora local. 

La respuesta inicial del Estado ante las primeras manifestaciones piqueteras sería la represión abierta. La masividad que caracterizaba a las mismas haría retroceder en numerosas oportunidades a las fuerzas de seguridad enviadas por un gobierno que veía peligrar el statu quo neoliberal menemista. 

Frente a la resistencia colectiva y la imposibilidad de lograr su propósito, el Estado ensayó salidas de “consenso” a partir de la multiplicación de programas de empleo sin hacerle asco al recurso del garrote. 

A pesar de los golpes recibidos en las postrimerías del menemato, los ascendentes movimientos sociales fueron consolidando sus estructuras mediante la construcción de autonomía, eludiendo la influencia de intendentes y punteros del PJ. 

El triunfo de De la Rúa en 1999 renovó las herramientas para salirle al cruce a un sector que comenzó a erigirse como principal obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos con los acreedores internacionales.   

Entonces, la hoy empeñosa pre candidata a presidenta Patricia Bullrich ocuparía la primera línea de fuego contra las organizaciones sociales, apelando a reempadronamientos y auditorías que preludiaron el espíritu reaccionario que vuelve a campear por estos días.

Fracasado el gobierno de la Alianza, que asumió fusilando correntinos en un puente y se retiró con casi cuarenta víctimas fatales en las jornadas de protesta  posteriores al fin de la convertibilidad recordadas como el Argentinazo, y al cabo de desfilar 5 presidentes en una semana, le tocaría a Eduardo Duhalde ser piloto de tormentas.  Lxs olvidadizxs ameritan su contribución a la restauración de la gobernabilidad, lxs memoriosxs recordamos que partió de la cúpula de su gobierno escarmentar al cada vez más poderoso movimiento piquetero en lo que habría de pasar a la Historia como la Masacre de Avellaneda. 

Con la meridiana lógica de aquella clase dirigente que fundó en nuestra tierra una república a la europea - primero Conquista del “Desierto”, luego Constitución de 1853 -, el hombre legó el bastón de mando a un oscuro y ambicioso político patagónico que, embanderándose con una reivindicación bastante lavada de la generación más altruista de la historia contemporánea, consiguió integrar a buena parte de aquel poder constituyente dentro del poder constituido, contribuyendo así a forjar la leyenda urbana de una “Década Ganada”, cimentada en la ecuación discurso épico + extractivismo. 

Así neutralizada buena parte de las organizaciones que combatieran al neoliberalismo a pie de calle durante los 90s, aquel mandatario asumido con un escasísimo caudal de votos debido a la capitulación de Carlos Saúl Menem, logró a su vez convertirse en hijo dilecto de la mayor parte de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, apelando a la defensa de los DDHH como marca registrada de una gestión que jamás interpeló a las guardias blancas de los hacendados que en la Argentina Profunda intoxican a diario a familias campesinas y originarias con glifosato. 

Paradojalmente la inversión en asistencia social del gobierno del PRO fue más voluminosa que la actual, exhibiendo una suerte de romance entre la Ministra Carolina Stanley y algunxs antes belicosos líderes sociales que desfilaron a comer de su mano cual mansas ovejitas. 

El fracaso actual de un gobierno que constituyera la promesa de una nueva oportunidad histórica para las grandes mayorías, exhibe obscenamente la paradoja de bajar las retenciones a díscolas patronales agrarias capaces de amedrentar al Ejecutivo con media docena de tractores a la vera de una ruta, mientras como contraparte aplica todo el rigor de la pólvora o la ley contra lxs hambreadxs que reclaman un plato de comida. 

Ya constituye un lugar común entre muchxs simpatizantes de la coalición gobernante sentenciar que esto no es lo que votaron. 

Como si lo argumentado hasta aquí no fuera suficiente, aquellas organizaciones sociales que sufrieron los allanamientos del 6 de julio pasado en Jujuy (territorio convertido en laboratorio de facciosos regímenes por venir) acaban de revelar  que el Poder Judicial ordenó a las fuerzas de seguridad infiltrarse en sus filas para identificar a los principales referentes, según consta en el expediente, donde se los denomina “grupos de trabajo”. Las tareas de inteligencia se iniciaron durante la movilización del 1° de abril en el marco del discurso de Gerardo Morales - gobernador mimado por un Presidente que paralelamente visita a Milagro Sala en cautiverio - en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. 

En tanto, a considerable distancia de nuestro amado y sufrido terruño, pero en la entraña misma de la Patria Grande, recrudece la lucha del pueblo panameño. El  levantamiento en curso comenzó con las fuertes subas de combustibles cuando escalaron un 47% desde principio de año. “Contra  la inflación y la corrupción” son los principales reclamos de los manifestantes que rechazaron los recientes anuncios de congelamiento de precios en alimentos y combustibles realizados por  el Presidente. 

¿Se trata acaso de un espejo en el que entrever nuestro posible destino? Quién sabe… Lo cierto es que cuando los pueblos levantan cabeza y transforman la  resignación en hartazgo, acostumbran a recoger sus mejores legados. Por allá  campeará quizás la sombra de Omar Torrijos. Y no son pocos los valiosos ejemplos que también carga la mochila de nuestro pueblo. Debieran tenerlo más en cuenta lxs gobernantes que acumulan promesas incumplidas. 

La coalición que gobierna nuestro país se sigue desgranando, el poder económico le da la espalda, y la oposición aspira a que el precio de un gran desmadre lo pague esta gestión: Es urgente que las fuerzas populares consecuentes tomen conciencia de la magnitud de la crisis en curso y acometan el desafío de elaborar un acuerdo programático mínimo, tendiente a producir cambios estructurales ante el enorme vacío de poder que se avecina. 

Este es el momento de hacerlo. Pronto será tarde.- 

 

JORGE FALCONE

 

viernes, 15 de julio de 2022

Cambian lxs Ministrxs pero sigue gobernando el Fondo

LOS GRUPOS ECONÓMICOS 

NO SUELTAN UN DÓLAR

PERO LA POLÍTICA SE ENSAÑA 

CON LXS POBRES ORGANIZADXS 









"Al igual que lo hizo el gobierno de Eduardo Duhalde, la vicepresidenta Cristina Fernández y La Cámpora han montado una ofensiva aduciendo que las organizaciones se quedan con plata de la gente. Se refieren a los aportes voluntarios que cada familia da al interior de la organización para sostener lo que el Estado no sostiene, como son los fletes, alquileres de locales, mantenimiento de las cooperativas, verduras para los comedores, ropa de trabajo y herramientas, entre otros elementos. ¿Cómo pretende Cristina que lleguen los alimentos a los barrios si no es con el pago de un flete? ¿Si el Estado solo manda polenta y salsa de tomate, como se piensa que debe garantizarse el servicio de los comedores populares? El mismo Estado que deja a la deriva a las personas, les cuestiona que se organicen para resolver sus problemas. A su vez, existe en este planteo una connotación clasista, ya que dicha objeción no corre la misma suerte para con los militantes de La Cámpora que aportan un porcentaje de su salario por trabajar en el Estado o no pone en cuestión el diezmo de las iglesias. Cualquier organización de la sociedad civil que pretenda tener autonomía en sus decisiones debe tener autonomía financiera. Negar eso es ir contra la historia organizativa de la clase obrera”. 

Nicolás Salas

“Ocho mitos sobre los movimientos sociales”,

en portal ANRed

  

Como va quedando de manifiesto, un gobierno que solo atina a producir cambios cosméticos en el marco de un acuerdo intocable con los acreedores externos, en su indisposición de tocar el bolsillo de los poderosos para paliar una hambruna -  que en términos globales recién comienza -, no consigue recomponer su frente interno, empieza a dar por perdida la elección de 2023, y en ese desmoronamiento apela al recurso terminal de una represión cada vez más desembozada contra el derecho del pobrerío a organizarse y comer. Desde el amplio y variopinto arco popular, una central obrera burocratizada, que apoyó al Presidente hasta que la Vice pateó el tablero, se aviene a movilizar contra los formadores de precios pero no a arriesgar su representatividad compartiendo el espacio público con el poderoso y vapuleado movimiento piquetero. Y ese último espacio - insoslayable actor social de enorme gravitación en la vida pública del país -, en el marco de la significativa  fragmentación y dispersión que  padece el campo popular desde el fin de los grandes liderazgos carismáticos y la derrota del proyecto revolucionario, aún no logra golpear con todos sus martillos en el mismo clavo (atinada expresión recogida en la última asamblea de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda)

  

Indicadores difíciles de ocultar ante la economía hogareña 

La decidida alineación de El Palacio con el FMI no impide suponer que el sector financiero ejercerá más presión devaluatoria, o que seremos testigos de nuevas corridas contra los bonos en pesos, y de la continuidad de las importaciones sobrevaluadas y los giros de divisas al exterior. 

No está claro hasta cuándo llegará la frágil tregua del kirchnerismo en estas horas. 

La Calle no da carta blanca al ajuste, tal como se está viendo a partir de la coordinación entre amplios sectores gremiales y de organizaciones políticas combativas contra el Fondo, con la movilización de movimientos sociales contra la persecución a las organizaciones (oficialistas y opositoras) y con las repercusiones entre trabajadores estatales ante el ajuste. 

En la combinación de estos tres factores durante los próximos meses se definirá si el FMI logra imponer sus planes de ajuste o si las resistencias populares logran ponerle algún coto. 

En tal contexto, la consultora EcoGo adelantó una estimación de su relevamiento de precios semanal, aunque aclararó que debe ser tomada con cautela y con riesgo al alza. De acuerdo a su proyección, la inflación para el mes de julio sería del 6,2%, lo que implica la confirmación de la aceleración de precios que se produjo en la última semana de junio. Se destacan aumentos en categorías como electrodomésticos, productos de tocador y descartables, y tecnología. 

En cuanto a los alimentos, la inflación de la primera semana del mes fue del 2% y alcanzaría, con una proyección del 2% para la siguiente y del 1,2% para las restantes, una suba del 5,8% en el mes. El aumento fue generalizado y el 34,8% de los productos relevados mostró variaciones (la semana previa había sido del 9,7%). 

No obstante, se trata de una estimación parcial, en un contexto volátil, pudiendo no ser el número definitivo. Por eso, desde la consultora hicieron varias aclaraciones. Explicaron que existen mercados que aún no tienen precios y que las estrategias fueron dispares entre las pequeñas y grandes empresas. Mientras que las primeras aplicaron fuertes aumentos (en torno al 20%) sobre productos particulares, las segundas tendieron a mostrar menores subas aunque sobre una mayor variedad de productos. 

Por otra parte, algunas empresas optaron por estrategias temporales alternativas a la suba de precios, como la reducción del financiamiento en cuotas; y las categorías que mostraron las mayores subas tienen poco peso dentro de la canasta. Además, a diferencia de los meses previos, en julio hay pocos aumentos en precios regulados. Si bien la suba de las tarifas de agua es del 20%, tiene poco peso sobre el indicador general. 

Para completar este panorama, cabe agregar que, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 22,3% de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos. Pero, si bien los programas sociales vigentes constituyen un instrumento fundamental para complementar ingresos en los sectores más postergados, lejos están de asegurar que una familia no pase hambre y, menos aún, que supere la situación de pobreza. 

El hoy tironeado Potenciar Trabajo - que alcanza a poco más de 1.300.000 personas y es la tercera prestación social con mayor cantidad de beneficiarios, luego de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar - será en julio (correspondiente a los haberes de junio) de $22.770, gracias al aumento del 17%. En junio el ingreso fue de $19.470. Por su parte, la AUH asciende a $ 7.332 y la Tarjeta Alimentar a $9.000 para una familia con un hijo, $13.500 para las de dos, y $18.000 a partir de tres hijos. En tanto, la Canasta Básica Total, que establece el límite de la pobreza, ascendía en mayo (último dato disponible) a $99.677 para una familia tipo y la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, era de $44.499. 

Los hogares que perciben estos subsidios en promedio sólo representan el 17,6% del ingreso total familiar, mientras que los ingresos laborales explican el 69,6% del ingreso total.

Para llegar a fin de mes, un 11,6% de la población total también apela a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobierno, Iglesias, etc.), y 1 de cada 3 personas (34,1%) debió utilizar sus ahorros familiares afectando su patrimonio.

A su vez, los hogares también recurren a endeudarse, trasladando sus erogaciones a futuro: un 18,1% pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 13% utilizó créditos de bancos o financieras, mientras que las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población (52,6%), según el citado informe. 

Otro de los tópicos del debate que suscitaron los dichos de la Vicepresidenta tiene que ver con la creación de empleo formal. Sobre ese punto, el informe también abunda. 

Actualmente, si bien la desocupación cayó al 7% de la población económicamente activa, si sumamos la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) ésta asciende al 19,1%. Si se agregara a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanzaría al 30,4%. 

Sobre el empleo, resalta los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia: casi una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 69% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 73% de la población asalariada, un tercio son informales, indicador que asciende al 61,8% para la población juvenil. Así, casi 4 de cada 10 trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo, actualmente en $38.940. En los cuentapropistas, es porcentaje asciende al 41,9%, y al 48,2% en la población asalariada informal. 

Ante estos niveles de pobreza, además de apuntalar la política salarial resultaría imprescindible generar una política de ingresos que superara el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente, capaz de fijar un umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad y garantizar un piso salarial efectivo que favorezca la capacidad de discusión del conjunto de trabajadores/as.

Resumiendo, una coalición que alcanzó para ganar una elección pero no da pie con bola a la hora de gobernar el país, en sintonía con la mayor parte del arco político local, continúa alimentando el sentido común hegemónico que sostiene la idea de que el campo es nuestra principal fuente de divisas, sin cuyos aportes carecemos de destino como país. Sin embargo, en sus mejores momentos su aporte al PBI nunca ha superado el 30 %, mientras que normalmente sus índices de recaudación oscilan entre el 18 y el 28%. El resto lo produce nuestro mercado interno por medio del consumo y el IVA, y sin sustitución de importaciones. 

Nunca está de más recordar a las nuevas generaciones que el rediseño a sangre y fuego de la Argentina se edificó durante la gestión del Ministro de facto José Alfredo Martínez de Hoz, gran parte de cuyas leyes permanece aún vigente rondando el número de 400, aunque en lo que va de esta democracia de la derrota hubiera alcanzado  con modificar las 4 o 5 principales. 

En consecuencia, una Nación que ensayó ser soberana desde mediados de los años 40 a mediados de los 50, ha quedado a merced de la ley de la oferta y la demanda, exclusivamente sujeta a ventajas comparativas, pero privada de ventajas competitivas. 

Eso nos recuerda que el único debate que promueve el poder y tolera la partidocracia venal y rentista que nos gobierna se limita a la matriz financiera del país, lo cual no representa al total de nuestra economía. 

 

Cuando el asistencialismo no alcanza 

para frenar el descontento social 

En las últimas horas ha comenzado a producirse un realineamiento en las organizaciones sociales oficialistas, no exento de contradicciones, mientras que el espacio opositor ha puesto las cartas sobre la mesa. 

En efecto, la Unidad Piquetera no duda en denunciar desde hace meses la ofensiva oficialista contra las organizaciones, y promete resistir en las calles. 

Más allá de las diferencias estratégicas y coyunturales, no sería descartable la posibilidad de una unidad de acción ante la arremetida estatal. El ataque a referentes oficialistas y opositores está logrando lo que rara vez ocurrió en la historia de las organizaciones sociales: unir al sector díscolo con el que continúa intentando abrirse paso desde el Estado. 

Parte de las diferencias señaladas se ven reflejadas en aquellos reagrupamientos como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que acompañan, de una u otra forma, al gobierno, y las que, como la Unidad Piquetera, se mantienen en la calle movilizándose de manera constante. En las últimas horas se ha vuelto más frecuente el diálogo y las llamadas telefónicas entre referentes de distintos espacios en procura de una coordinación que permita hacer frente a la avanzada de intendentes y gobernadores. 

Tal entendimiento no es menor. Desde la época de Eduardo Duhalde el Estado no montaba una ofensiva de tal magnitud contra las organizaciones. Más allá del alcance de la unidad que se construya, una parte importante del conflicto dependerá de hasta dónde quieran avanzar Cristina, los gobernadores y el PRO para saber el carácter que asumirá un conflicto que se cierne sobre una situación extremadamente delicada, donde la mitad de la población es pobre y los salarios son pulverizados mes a mes por la inflación. 

De este modo, mientras en la capital - puerto del país se puja por llegar a fin de mes, en la Argentina Profunda se profundiza el saqueo de nuestros bienes comunes, asordinado por los grandes medios de consumo masivo (eso: que sin blindaje mediático no es tan sencillo desmantelar la Nación) 

Solo por tomar uno de tantos ejemplos, digamos que culminando el mes de Junio, Rubén Lassaga, cura de la Opción por los Pobres del Departamento Pellegrini en Santiago del Estero, fue amenazado de muerte mediante un mensaje de whatsapp enviado a la secretaría parroquial: “Le queremos hacer llegar un mensaje al señor cura: los caminos del monte de Pellegrini son largos y solitarios, y él siempre anda solo. Los caminos tienen sus trampas, y que por favor, no se siga metiendo en lo que no le corresponde, y que la próxima no va a haber un mensaje de advertencia”. El mensaje fue enviado desde un teléfono con característica de Tucumán. 

Esta semana el gobierno de Gerardo Zamora ha deportado a un dirigente del Partido Obrero a la Provincia de Tucumán, en una maniobra que - salvando los contextos - recuerda al recurso del genocida Bussi cuando desde el “Jardín de la República”, durante el gobierno de facto arrojó a la frontera de Salta a “los impresentables”, para demostrar paz y orden ante la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA (episodio de la historia reciente recogido en el filme nacional de 1991 “La Redada”, dirigido por Rolando Pardo) 

Lamentablemente, muchxs argentinxs continúan leyendo el país a partir del espejismo que ofrecen los medios masivos, mientras nubes negras se ciernen sobre el cielo de la Nación. 

Hablaría de la buena salud de nuestra sociedad que, cuando se agote el pan y el circo y solo impere el garrote, nadie vuelva a argumentar que no la vio venir.-

  

JORGE FALCONE 

 

A mi amigo Roberto Sosa,

en deuda. 

viernes, 1 de julio de 2022

ENTRE LA IMPOSIBILIDAD ESTRUCTURAL DE CREAR EMPLEO EN BLANCO

Y EL CRECIENTE CONSENSO PARA DAR DE BAJA LOS PLANES

GUERRA DECLARADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

"Con estos niveles de inflación, el discurso contra los políticos entra en los barrios y empieza a cargarse al peronismo, eso es nuevo. Hoy un plan social no alcanza para que alguien te vote y los pibes de 21 años que viven en la villa no conocen nada bueno. Tenían 10 años en el 2011".

Rodrigo Zarazaga,

sacerdote y politólogo jesuita del  

Centro de Investigación y Acción Social 

 

"Observamos, como un dato de la realidad mensurada por la investigación social, que el peronismo está desapareciendo; tanto en lo cuantitativo como en su influencia en el sentido común (...) Este proceso de desperonización es lento y colabora a ocultarlo la enorme burocracia política y social del peronismo que mantiene como blasones las huellas de lo que alguna vez fue un movimiento nacional, con un único conductor". 

Ricardo Rouvier,

sociólogo y encuestador. 

 

 

Rencilla entre timoneles con distinto Norte 

Argentina ingresa de lleno a un invierno difícil, con el Presidente y la Vice conmemorando la partida del General Perón por separado, y esta última en campaña, buscando pretexto para dirigirse a sus feligreses prácticamente cada 15  días. 

Ya  no hay duda ni entre sectores del oficialismo ni en todo el arco opositor: El experimento Alberto Fernández al kirchnerismo le salió mal. 

Quien albergó expectativas de reencuentro al interior de la coalición gobernante frente a la foto del panel oficial que conmemoró los 100 años de YPF - pese a la guerra de cartas que denunciaron a “funcionarios que no funcionan” y las exhortaciones públicas a “usar la birome” -, hoy coincidirá en que el del Día de la Bandera celebrado en Avellaneda constituyó un acto opositor encabezado por la Vicepresidenta de la Nación, quien abundó sobre la inoperancia del Ejecutivo y arremetió sin piedad contra el movimiento social más poderoso - en número y recursos - que viene sustentando al Primer Mandatario. 

En un momento en que el mundo debate la necesidad de reducir las horas de trabajo en blanco para mantener en el aparato productivo a una mayor cantidad de operarixs, los cantos de sirena que en nuestro país prometen transformar en trabajo genuino planes sociales - que desde 2002 a la fecha pasaron de 1,6 a 12,12 millones -, más que pretencioso suena ilusorio.

Argentina no genera empleo privado desde hace prácticamente una década. De modo que bajo esas declaraciones que suenan tan bien a oídos de la opinión pública más desinformada, el propósito del Gobierno no consiste apenas en privar a las organizaciones sociales de la administración de los planes sino, además, intentar aumentar la planta de empleados públicos mediante contratos directos con las municipalidades.

No casualmente, una de las primeras comunas que se comprometieron a contratar beneficiarios de esos planes fue Avellaneda, núcleo duro del voto K. 

Ante dicha tesitura no existe grieta alguna: El gobierno jujeño tiene bajo su órbita 82 mil beneficiarios del programa nacional Potenciar Trabajo, a quienes les hace  realizar tareas municipales de todo tipo (tomar la temperatura en cajeros, barrer calles, desmalezar costeras del río, etc.) y desde luego se les aplican multas y padecen malos tratos por parte de los punteros del gobierno. 

Así como Mauricio Macri duplicó la cifra de beneficiarios de dicho plan que había dejado su antecesora hasta llevarla a 560.000, como parte del intento de Carolina Stanley por comprar la paz social, la gestión Fernández elevó esa cifra hasta los actuales 1.320.000. 

Por consiguiente, considerarlos ocupados plenos como hace el INDEC, constituye una muestra de cómo la estadística convalida el proceso crónico de degradación social. 

Es más, de aprobarse el Salario Básico Universal que impulsa el líder del MTE Juan Grabois, quedará taxativamente de manifiesto que el trabajo formal capaz de incluir a las mayorías se redujo a una expresión de deseos, mientras una reforma laboral de facto se impuso como continuidad entre los años del macrismo y la peste. 

En tal contexto, Cristina Fernández de Kirchner maniobra contra reloj para que el Titanic tripulado por el peronismo institucional eluda el iceberg, ratificando su apuesta por un “capitalismo en serio”, y reuniéndose con la Jefa del Comando Sur, con burócratas sindicales como Daer, o con economistas ultra liberales como  Melkonian - heredero bonaerense de Domingo Cavallo desembarcado en el IERAL de la Fundación Mediterránea con el apoyo de laboratorios como Sebastián Bagó, pesados del agronegocio como Roberto Urquía y banqueros como Jorge Brito -, a fin de que el sistema no albergue duda alguna acerca de que “el hecho maldito del país burgués” hoy se ofrece como garante absoluto de la gobernabilidad burguesa. 

Todo ello sucede ante un panorama global de abstencionismo electoral creciente, y  victorias sumamente acotadas en sociedades altamente polarizadas, lo cual nos habla a las claras sobre la pérdida general de expectativas en cuanto a que la democracia, tal como la conocemos (y la defienden lxs de arriba) sea “el mejor de los sistemas posible”. 

Aunque la experiencia de disfrazar al movimiento que alumbró insurreccionalmente un 17 de octubre con ropajes liberales bajo el nombre de Unidad Ciudadana zozobró, en estas horas parecería ser que en el Instituto Patria viene armándose un nuevo Frankenstein de cuño similar o peor para enfrentar sin sorpresas los comicios del año entrante. 

 

Engrilladxs a una deuda impagable 

A todo esto, la segunda mitad del año acarreará mayores restricciones fiscales, ya que, a pedido del Fondo, el Gobierno deberá reducir el gasto en jubilaciones y obra pública, evaluar un ajuste adicional en las tarifas y evitar mayor control en las importaciones. Tales son algunas de las medidas previstas por el organismo internacional que nos ahoga para alcanzar las metas anuales, después de aprobar  un desembolso de US$ 4.000 millones en concepto de cumplimiento de los objetivos del primer trimestre.

A fin de alcanzar la meta anual de un 2,5% de déficit primario en 2022, el Gobierno se comprometió a adoptar medidas que permitan compensar el incremento del gasto en subsidios a la energía y la asistencia social, y un crecimiento menor de la recaudación, a la vez que pidió cambios en las metas trimestrales, aún en discusión. Así, se proyecta que el gasto real pase del 12,8% anual en el primer semestre a una caída del 7,8% del PBI en la segunda mitad del año. 

De acuerdo con las proyecciones del equipo encabezado por el auditor británico Ben Kelmanson y el Ministerio de Economía, se aguarda una reducción del gasto en jubilaciones del 8,5 previsto al 8,1% del PBI en 2022, del gasto de capital del 2,2 al 1,8% del PBI, y de bienes y servicios del 0,7 al 0,6% del PBI. El ahorro en esas partidas permitiría - en el marco de la interna aludida en el apartado  anterior - hacer lugar a un aumento de la asistencia social del 3,2 al 3,5% del PBI y de los subsidios energéticos, del 2,2 al 2,6% del PBI, sin modificar los objetivos anuales del programa. 

Esta revisión altera los planes de Martín Guzmán, quien semanas atrás ratificó que no habría recorte en la obra pública. Y probablemente deje demudadxs a lxs miembrxs de la coalición gobernante que desfilaron por los medios asegurando que el actual era “el mejor acuerdo posible” con el Fondo. En concreto, los recursos serán superiores a los destinados en 2021 (1,4% del PBI), pero menores a los previstos en marzo. Por ahora, los salarios y las transferencias a las provincias, se mantendrán sin cambios en 2,9% y 0,6% del PBI, respectivamente.

El FMI considera que el gasto deberá ser contenido en un 20,4% del PBI (0,3% menos de la proyección inicial) a través de un manejo fiscal más "disciplinado" en el segundo trimestre. En tanto, coloca su mira en los subsidios al transporte - que los gobernadores consiguieron aumentar en el presupuesto -, las transferencias a provincias y empresas estatales, y una administración "prudente" de los salarios. “A buen entendedor/a, pocas palabras”. 

Respecto a las jubilaciones, el objetivo es que reduzcan su peso en el PBI por un resultado menos favorable de la fórmula de movilidad, ajustada por los salarios y la recaudación. Además, según el organismo, "se deben evitar los ajustes discrecionales a las pensiones", en referencia al proyecto de moratoria jubilatoria presentado por el kirchnerismo, e insta a iniciar la preparación de "opciones de reforma" del sistema jubilatorio para presentarlas en diciembre. Verbigracia, la  Reforma Previsional de Macri respondida con 14 toneladas de cascotes a fines de 2017 corre el riesgo de agravarse en el turno electoral siguiente, a cargo de un Gobierno que prometió a lxs abuelxs un futuro más benevolente. 

La Casa Blanca también sigue de cerca la cuenta de los subsidios energéticos debido a su impacto en las reservas. Mientras el Fondo advierte una aceleración de las importaciones, motorizada por combustibles y una demanda creciente ante la apreciación del tipo de cambio. A diferencia de las medidas que evalúa el Gobierno, aconseja "evitar" mayores controles al comercio exterior y propone avanzar en "ajustes adicionales en tarifas" (que en el tiempo deberían regularse según la inflación) para contener el gasto en esa partida.

Sin más vueltas, y como era previsible, el organismo vela por el bolsillo de los dueños del país.

  

En el “hondo bajo fondo donde el barro se subleva”

En el marco de la interna del Frente de Todxs, pese a que la vocera de Alberto volvió a defender la política social y dijo que los planes deben seguir bajo la órbita que los administra, ante las diatribas de la Vicepresidenta contra los movimientos sociales - cada vez más coincidentes con las de Larreta (que ya cuenta con los primeros piqueteros judicializados por manifestarse en CABA) y las de Milei (cuya fuerza política promueve un Movimiento Antipiquetero) -, ni lerdo ni perezoso, el Ministro de Desarrollo Social resolvió quitarle el control de 180.000 planes sociales a las organizaciones del sector y transferirlos a jurisdicción de las provincias y los municipios. Pertenecen al Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales de la cartera que administra Juan Zabaleta, y  equivalen a un 15% de ese total de 1,2 millones de beneficiarixs. 

La diferencia principal entre el Movimiento Evita y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que tal resolución quede en manos de las intendencias, sobre todo del conurbano - dado el lugar de residencia de la mayoría de lxs beneficiarixs - y las gobernacionesPérsico, en cambio, no está de acuerdo, y opina que eso implica proporcionarle “mano de obra barata a los intendentes”, por lo que aspira a que, como viene ocurriendo, sean reubicadxs en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, fuerza que lidera Daniel Menéndez, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local. 

Paralelamente a dicha pulseada, apelando a una táctica de muy triste memoria,  consistente en desacreditar mediáticamente a sus detractores ante posibles adherentes, para luego criminalizarlos y reprimirlos, el modus operandi del oficialismo intenta permear a la opinión pública con la idea de que lxs referentes sociales disponen de cierto porcentaje de dichos planes para oxigenar a sus respectivas organizaciones. Esa metodología tiene su antecedente directo en la que implementó la última dictadura, difamando a quienes resistían con todos los recursos a su alcance contra ese régimen de facto, y procediendo a continuación a secuestrar activistas de base para bloquear así su vínculo con las organizaciones revolucionarias de la época, para recién a continuación ocuparse de sus cuadros dirigentes. Pues cambia el contexto pero no las artimañas de probada eficacia para el sistema. En tal tesitura, el Estado ha comenzado a comunicarse por diversas vías (teléfono, watsapp, o hasta visita domiciliaria) con compañerxs inscriptxs en el padrón de algunas organizaciones para ofrecerles cambiar de Unidad de Gestión (su lugar de revista actual), apuntando a que en lo sucesivo dependan del punterismo municipal. Simultáneamente, un fiscal ordenó el procesamiento de los dirigentes del FIT - U Eduardo Belliboni y Daniel Solano. Por ahora se trata de dos notables. Habrá más, y no siempre de renombre. Porque, como harto se ha dicho, no hay Acuerdo con el Fondo sin ajuste, y no hay ajuste sin represión. Consecuentemente, en los tiempos venideros muchxs luchadorxs anónimos serán criminalizadxs, padeciendo penurias aún peores que las de Milagro Sala, a quien un Presidente de su mismo signo político se permite visitar, promediando el tercer año de su mandato, en una sala de terapia intensiva y convaleciendo una trombosis, flanqueada por un vigilante de Gerardo Morales. 

Recapitulando, el cuestionamiento de CFK a los movimientos sociales incomoda a parte de su base electoral y se debe sobre todo a la incapacidad del peronismo institucional para dar respuesta al aumento de los precios y contener el descontento social a través de las organizaciones oficialistas. 

La Vicepresidenta considera que las organizaciones sociales del peronismo no tienen capacidad de traducir su poderío en caudal electoral, y que esa base del  conurbano profundo volverá a votarla, pese a lo que pretendan sus dirigentes. También está convencida de que se dejaron arrebatar el control de las calles. 

A su expectativa de volver a producir el milagro de dar otro batacazo electoral en 2023 - vaya uno a saber con qué formula - le haría falta reparar más a menudo en que lxs pobres de toda pobreza constituyen la misma y amplia base social de las organizaciones oficialistas como de las opositoras. 

Y - después de un acampe de 48 hs. en la avenida más ancha del país, una marcha federal multitudinaria, y una descomunal concentración en Puente Pueyrredón evocando a los piqueteros asesinados por otro gobierno peronista - antes de armar una nueva lista sábana debería preguntarse hasta cuándo esxs condenadxs de la tierra privadxs de planes sociales y perspectivas ciertas de trabajo genuino seguirán albergando la esperanza de que su malaria se resuelva en las urnas. 

La situación que atraviesa Ecuador a estas horas demuestra que tal interrogante resulta absolutamente pertinente.-  

 

JORGE FALCONE