Hoy más que nunca

“NUESTRA PATRIA DEJARÁ DE SER COLONIA

O LA BANDERA FLAMEARÁ SOBRE SUS RUINAS” 

En tanto se dilata peligrosamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, desde el Sur Global el filósofo boliviano Rafael Bautista Segales aporta cierta claridad afirmando al respecto que “La ‘guerra híbrida’ describe el modo operativo de la ofensiva, pero no explica lo que realmente se pone en marcha. Como ya no es posible insistir en el poder disuasivo, en tanto que persuasivo, porque ya ninguna ofensiva garantiza un éxito ni siquiera circunstancial, dado que el mundo ya es otro; lo que aparece como lógica suicida es la diseminación de la ‘guerra infinita’. Como ya no es posible ganar, entonces ya no hay objetivo calculable; en tal situación, si salir del laberinto en el que se halla Occidente implica aceptar un mundo compartido y medianamente inclusivo, lo único que queda es meterse más en el laberinto, o sea, desatar la guerra total”. Paralelamente, en nuestro terruño se actualiza la advertencia de Evita que da título a esta nota. 

 

La pulseada por “parar la olla”

Para cumplir con la meta del FMI, el Ministro de Economía ordenó una nueva suba de tarifas a la Secretaría de Energía, adonde encuentra ciertas resistencias. Aspira a que aumenten un 40% para la mayoría de los clientes, un nivel inferior a la inflación del 60% prevista para este año, lo que implica más subsidios e importaciones de gas. 

Con el primer semáforo fiscal, la preocupación apunta al camino por delante, y ahí comienzan a advertirse algunos obstáculos. Los subsidios económicos son de los que más crecen en términos reales, pese a que incorporarán con plenitud el impacto negativo del conflicto entre Ucrania y Rusia avanzado el otoño y especialmente en invierno. Concretamente, en el primer bimestre el gasto en subsidios energéticos creció 85.7% interanual.

La pregonada "guerra contra la inflación" también abre interrogantes sobre el gasto. A principios de abril, el Gobierno autorizó un bono de $ 6.000 a 4,6 millones de jubilados, algo que el Fondo había desaconsejado. Acaba de anunciar otro de 18.000 $ pagadero en dos veces a beneficiarixs del plan Potenciar Trabajo. La partida de $27.600 millones representa un 0,04% del PBI, un nivel moderado, y además se espera un aumento de la recaudación por retenciones. La incógnita es si será suficiente para compensar los mayores subsidios en la segunda mitad del año.

Por su parte, desde la cartera más recalentada por la puja distributiva, tanto Zabaleta como Pérsico - apremiados por una escalada en la lucha social -  hicieron hincapié en que podrían incorporarse nuevos beneficiarios al plan Potenciar Trabajo a partir de aquellos que se dan de baja todos los meses, ya sea por fallecimiento, por jubilación o por otros motivos. Según el Movimiento Evita - cuya lealtad oficialista se apresta a ser premiada con una suerte de Agencia de la Economía Popular probablemente a cargo de Alexandre Roig, actual titular del INAES -, se trata de una cifra en torno al 2% mensual. Esa respuesta gubernamental está pendiente. 

Los referentes piqueteros plantearon su inquietud por la resolución de fines del año pasado que le otorgó al ministerio de Desarrollo Social la potestad de elegir a qué organización mudarse en caso de que un beneficiario quisiera cambiar de espacio social. 

Conteste de que debería haber un acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, - distanciados debido al enfoque que se le diera al Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional - el ministro, ex intendente de Hurlingham, que responde al Presidente, también les pidió a sus copartidarios bajarle el tono a la discusión interna, manifestando “La economía está dando señales concretas, tranquilicemos la política, tenemos que tranquilizar la política”, se supone que apuntando al kirchnerismo duro y puro, y respaldando al ministro Martín Guzmán, - muy cuestionado por La Cámpora - quien oportunamente declaró: “Gestionaremos con los que estén alineados con este programa económico”.

 

Iniciativas para que las cargas de la deuda 

no ahoguen a lxs más vulnerables 

Acaso acicateado por las indirectas vertidas por la Vicepresidenta ante parlamentarios europeos y latinoamericanos, desde El Palacio, Alberto prepara el Salario Universal y aspira a presentarlo con Cristina. La iniciativa irá al Congreso y se financiará con un impuesto a empresas alimentarias o suba de retenciones. Ello invita a preguntarse por qué si oportunamente el oficialismo se desdijo sobre la expropiación al monopolio Vicentín ahora esta medida debería funcionar…

Cabe a Martín Guzmán un estratégico rol en la arquitectura del proyecto, con miras a la pacificación interna del Frente de Todos. Se suma a eso que el Presidente relanzará su gestión, con el foco en "los últimos" y cambios en el Gabinete. Estiman que de mínima el SU debería abarcar a 10.000.000 de beneficiarios y beneficiarias, aunque lxs más escépticxs suponen que no pasará de ser una vuelta de tuerca sobre el IFE.

Avanzar hacia el Salario Universal asoma como decisión tomada para el Gobierno. Pero a diferencia de lo que fue en su momento la AUH, para concretarlo   el camino será una ley. 

La norma deberá materializarse antes de fin de año, procurando construir consensos. Respecto a los fondos para sustentarla, se adelanta que las ganancias del sector de alimentación en los últimos tiempos constituirán la base de medidas a definir. En otras palabras, se tratará de una carga impositiva a la "renta extraordinaria".

Otros prefieren apuntar al clásico de la suba de retenciones, sin temores al lobby de los sectores empresarios o del campo. 

En sintonía con la contraofensiva del Primer Mandatario, en su primera reaparición pública tras los trascendidos de cambios en el gabinete que lo incluían, el Ministro de Economía adelantó que su equipo trabaja en una medida para recomponer salarios para los sectores más vulnerables, y que eso será financiado con una modificación tributaria para que el Estado pueda recaudar parte de lo que Guzmán llamó la “renta inesperada” de algunos sectores por el shock de precios internacionales que siguió a la guerra en Ucrania. 

El Gobierno blindó los detalles sobre cómo operaría ese cambio impositivo para financiar las nuevas medidas salariales de emergencia, aunque por la naturaleza de esa decisión, descuenta que deberá hacerlo pasar por el Congreso, lo que implicará una lidia sumamente difícil. No solo por los  problemas internos de la coalición de gobierno, sino porque la oposición ya se manifestó en contra de la creación o incremento de impuestos. 

A propósito de esto último, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se apresuró a mencionar que “ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la ‘renta inesperada’, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar”. 

El Poder Ejecutivo no dio pistas sobre qué tipo y tamaño de ganancias considerará como “renta inesperada”. Solo definió como ingresos “extraordinarios”, a aquellos que tuvieron lugar para determinados sectores (agroindustrial, minería o energía) por el salto de precios internacionales como consecuencia del conflicto bélico en  Europa del Este, y que no responden a incrementos en la inversión o en aumentos en la productividad o contratación de personal.

El alcance de las nuevas medidas, se espera, será más limitado al que tuvo durante la primera parte de la pandemia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a 8,9 millones de personas. 

De ese universo total, según datos oficiales, a unos 2,4 millones el IFE les correspondió solo por el hecho de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) La mayor parte de las personas que cobraron el ingreso de emergencia fueron trabajadores informales o desocupados. Este sector insumió seis de cada diez IFE pagados por Anses. Otro 27% fueron beneficiarios de AUH y AUE, 700.000 son monotributistas, 180.000 empleados de casas particulares y 120.000 titulares del plan Progresar.

Desde más cerca al pulso de La Calle, con la consigna principal de “priorizar la deuda interna e investigar la deuda externa”, se lanzó una convocatoria multisectorial impulsada por Juan Grabois junto a un centenar de dirigentes sociales y sindicales como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Claudio Lozano, y referentes de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida. 

Se trata del Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI), una iniciativa que apunta a visibilizar la crisis social en ascenso y “promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional” 

Un pedido de audiencia con el senador Mayans - quien ha pasado a integrar un interbloque con el de Juliana Di Tullio, pero diferenciado de la misma, a fin de disputar el Consejo de la Magistratura - fue la primera acción del Comité “para expresar su preocupación por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes” y por “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares”. 

La carta detalla que el principales desafío del Comité es visibilizar las múltiples deudas internas: pobreza, caída del salario, déficit habitacional, falta de acceso a la tierra, destrucción del ambiente, entre otras; y promover políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes, “acompañadas de un compromiso presupuestario”.

Es decir, tal se desprende del documento, deudas que hasta ahora mantiene el gobierno del Frente de Todos con los sectores más vulnerables. 

Por otro lado, existe acuerdo entre algunos sectores oficialistas disconformes con el rumbo de la gestión y otros decididamente críticos de la misma, acerca de que el pensamiento impuesto por el Norte Global, mayormente metropolitano, establece una mirada urbana de la realidad, que relega al mundo rural al lugar del atraso y el subdesarrollo. Sin embargo, en países como el nuestro, de ese mundo rural proviene la mayor parte de nuestros alimentos, y en un presente de emergencia alimentaria, el capital financiero trasnacional lo tiene muy claro. Por eso mismo, soberanía alimentaria y soberanía territorial son causas sólidamente relacionadas.

El Río Paraná es una de las venas abiertas de América Latina, por la que se drenan nuestros bienes comunes ante las narices de un gobierno que mira para otro lado. En consecuencia, para la militancia popular la soberanía debe  ser una causa madre, ya que nos abriga a todxs. Por tanto - habida cuenta de la abultada deuda interna que cargamos -, se impone a todos los espacios que así lo entiendan ganar las calles unitariamente en cada control trimestral del Fondo Monetario Internacional. Debido a la guerra en Europa del Este, el primero se adelantó un mes y tendrá lugar en mayo, si se comienza a organizar esa amplia confluencia desde ahora, el mundo entero escuchará semejante clamor. Vale la pena asumir dicho compromiso sin cortapisas, porque - como ya es insoslayable - “sólo el pueblo salvará al pueblo”.-

 

JORGE FALCONE

 

  

LA PARTIDOCRACIA AMAGA CON ALINEARSE,

NO CONTRA EL HAMBRE… SINO CONTRA LXS HAMBRIENTXS

“La ‘hora de los pueblos’ ya no constituye un deseo sino un imperativo. La máxima operación en esta nueva acumulación por despojo, consiste en despojarnos de la esperanza, del principio utopía, que es lo que hace posible a la política, y que este no-mundo distópico pretende aniquilar. Una humanidad sin sueños y esperanzas ya no puede ser humanidad. Por eso la urgencia de volver a ser pueblo. Porque el motor histórico de los pueblos ha sido siempre reponer esa inmortal voluntad de vida como trascendente a todo orden impuesto”. 

Rafael Bautista S.

La Paz, Chuquiago Marka, Bolivia, 3 de abril de 2022

 

Si alguna noticia auspiciosa puede rescatarse, en este mundo signado por pandemias desconocidas, por deudas impagables, y guerras ineludiblemente globales, es - al menos - que ante el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el movimiento Scientific Rebellion (rebelión científica) inició una semana de movilizaciones basadas en la “resistencia civil no violenta”. El colectivo, formado por miembros de la comunidad científica, inauguró el mes de abril realizando acciones en 25 países: “Ya no basta con seguir esperando a que los gobiernos lean nuestras publicaciones y comprendan la gravedad y la emergencia de la crisis climática. No han estado a la altura”. 

Era hora de que las voces más autorizadas en la materia se pararan de manos ante unos líderes cuya mediocridad no hace más que acelerar el Reloj del Apocalipsis.

En lo que a nuestro sufrido país respecta, venimos sosteniendo que no hay Acuerdo sin ajuste, y no hay ajuste sin represión. Como se veía venir, después del consenso parlamentario logrado por parte de la mayoría del oficialismo y gran parte de la oposición, para entregarnos atadxs de pies y manos a la voracidad de los acreedores internacionales, se va configurando otro consenso, ahora represivo, para moler a garrotazos a quien haga frente al anterior. 

Para ello, picó en punta el Diputado ultraderechista Ramiro Marra convocando a la formación de un Movimiento Antipiquetero; lo siguió el Ministro Zabaleta expresando “no toleraremos extorsiones a lxs argentinxs”; y continuó Horacio Rodríguez Larreta poniendo el grito en el cielo en cuanto a que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no toleraría más acampes, a lo que agregó que los manifestantes “son unxs cobardes porque usan a lxs chicxs, los ponen como escudos para no ser desalojados”, y exigiendo que se le retiren los planes sociales a lxs pobres de toda pobreza. La cooperación que pretende brindar el alcalde porteño es la del seguimiento de los manifestantes que cortaron calles en el marco del último acampe. A tal efecto, puso a disposición del Gobierno Nacional las cámaras del sistema de videovigilancia y de reconocimiento facial, a fin de identificar a las personas que bloquearon el tránsito y acamparon la semana pasada, todo ello en el marco de un escenario que ya es de co gobierno con el Fondo y democracia cada vez más militarizada.

Por otro andarivel, comenzó el debate en Senadores del proyecto de ley para recuperar dinero fugado, a los efectos de pagar la deuda. Se trata de la iniciativa con que la Vicepresidenta procura sacar del marasmo y la resignación al gobierno nacional, con miras a no rendirse por adelantado ante la hoy difícil batalla electoral de 2023. El texto propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI", y fue presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos. 

Peor es nada. Ojalá exista margen para llevarlo a cabo, habida cuenta de claudicaciones del oficialismo como el fallido intento de expropiar al monopolio alimentario Vicentin, la polémica licitación de dragado de la Hidrovía Paraná - Paraguay, o las vacilaciones que viene produciendo aplicar un necesario aumento de retenciones a las patronales del campo, ejemplos - a todas luces - de que no existe voluntad de incomodar a los de arriba.

En el mundo del trabajo formal - a 40 años de la movilización convocada por Saúl Ubaldini enarbolando ante la dictadura las banderas de “paz, pan y trabajo” -, con la presencia de dirigentes de 7 provincias (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, San Luis y Mendoza) se desarrolló un nuevo Plenario de Regionales de CGT en la localidad de Villa Nueva. Allí, más de 300 delegados sindicales debatieron acerca de la situación social bajo el lema “la necesidad de la unidad sindical ante los desafíos políticos”.

Ilda Bustos, adjunta de la Regional Córdoba, abrió el debate exigiendo a los dirigentes nacionales “la realización del plenario de regionales de CGT en el que se puedan expresar las representaciones sindicales de los trabajadores del interior del país, es el camino que tenemos que continuar”. Y repasó la participación en los anteriores encuentros de noviembre de 2021 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe y del 24 de febrero en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. 

Mariana Juárez, representante de las Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba (CTF), agregó que “no puede ser formal, que en una mesa se sienten 10 o 20 dirigentes y acuerden una unidad”. “La unidad se debe construir en base a ejes que sean transversales a todos los trabajadores, como las condiciones de vida”, apuntó y llamó a “activar los cuerpos de delegados, las asambleas en nuestras cooperativas y en nuestras fábricas para discutir qué necesitamos para vivir y qué necesitamos para poder conseguirlo”.

En ese sentido, Ricardo Tosto, del Sindicato de Obras Sanitarias de Río Cuarto, dijo ante el resto de dirigentes que “debemos hablar de la lealtad hacia los trabajadores” y apeló por una CGT que logre pararse con los trabajadores, “contra quien sea”.

El santafesino Jesús Monzón, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), señaló justamente su mayor preocupación: “que los compañeros de la CGT (nacional) no han entendido que es el momento de escuchar a las bases”. 

Juárez comentó que “hay dirigentes locales que reconocen que tienen que ser orgánicos porque a nivel nacional su secretario general dijo que estaba a favor del acuerdo con el FMI. Nuestros dirigentes nacionales de las cooperativas hicieron lo mismo. Las bases estamos pasando hambre, el trabajador de a pie no puede pagarse el colectivo, no puede mandar a su hijo a estudiar. Tendríamos que plantearnos que esos dirigentes sean orgánicos a sus bases”.

La deuda y el reciente acuerdo con el FMI se metió de esa manera en el debate. “Tenemos casi 40% de pobres y casi 6 millones de menores de 14 años que no pueden comer. Esa es la deuda”, indicó Bustos, y Amichetti clarificó que “si todo lo que se recauda se vuelca al pago de la deuda externa, no vamos a salir nunca más adelante”.

Ahora, “no vamos a arreglar el problema de la inflación porque hagamos una terapia de grupo sino cuando le pongamos freno a los grupos concentrados que hoy son los grandes exportadores”, dijo. Y cerró señalando que “sin movimiento obrero protagonista, es imposible tener éxito en las políticas a favor del pueblo”.

“Queda poco para hablar y hay que definir cosas para hacer” - sintetizó Monzón -, por los trabajadores y por mucha gente que quedó sin trabajo”. 

Como tantas veces sucediera en nuestra historia, el descontento crece de abajo para arriba y de la periferia al centro. Y como no podía ser de otra manera, y ocurre en todos los órdenes, este se concentra en una nueva generación de dirigentes sub 40, con alto componente de mujeres. 

La cúpula cegetista, aún no repuesta por el desplazamiento de Antonio Caló al frente de la UOM por parte del dirigente de Campana Abel Furlan - que alguna vez pasara por las filas del peronismo revolucionario -  quedó advertida por sus bases. 

A continuación, y como si no hubiera tomado nota de lo anterior, esa dirigencia participó de una inocua reunión en la que se resolvió adelantar paritarias - disipando así la idea circulante acerca de que habría un aumento general de salarios y/o un bono compensatorio de la pérdida de poder adquisitivo -, aceptó  una nueva canasta básica de 60 productos para la mesa familiar que pasarán al régimen de Precios Cuidados, y una nueva mesa de diálogo destinada a atender la situación de las PyMES.

En conclusión, ante una hambruna galopante, tanto el gobierno como el gremialismo acuerdista continúan “en piloto automático”.

Por su parte, en el mundo del trabajo no formal, el último acampe por 48 hs. en la porteña Avenida 9 de Julio generó un hecho muy potente e imposible de invisibilizar.

En dicho escenario, el apoyo de Grabois a lxs acampantes, tensionó más la interna dentro de la coalición gobernante. Dentro del Frente de Todxs, el joven abogado expresa lo que otros dirigentes o funcionarios no dicen: “No hay nada más legitimo en nuestro país que luchar contra la falta de trabajo y la pobreza. La única forma de terminar con los planes es que haya trabajo”. 

Desde el mismo acampe, el dirigente del MTE volvió a solicitar que el Congreso sancione la ley ya ingresada y que impulsa un Salario Básico Universal para los sectores más vulnerables. 

En la Casa Rosada este conflicto y estos reclamos no pasan desapercibidos. Pero las respuestas no llegan. Sobre todo, porque para terminar con ellos - según entienden - las soluciones de fondo difícilmente se produzcan con uno o dos millones de planes sociales más, sino con reactivación económica y generación de trabajo genuino.

Desde Balcarce 50 aseguran que eso ya está en marcha. Lxs dirigentxs piqueteros opinan que no es así y que, con el Acuerdo con el FMI, la situación empeorará.

En consecuencia, la administración central se encuentra en una encrucijada: si no habilita la inscripción de nuevos beneficiarios a planes sociales, las movilizaciones irán en aumento, tanto en frecuencia como en número de manifestantes.

Las organizaciones demandantes realizan un cálculo muy sencillo: durante el pico de la pandemia del coronavirus, 8,9 millones de personas accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) En el Potenciar Trabajo hay anotados 1.200.000. Para lxs organizadorxs del acampe - Bloque Nacional Piquetero y Coordinadora por el Cambio Social -, unas seis millones de personas más podrían acceder a ese beneficio. 

Hasta ahora las respuestas no llegaron. Si en las próximas horas, el Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta no les da respuesta a las demandas, para mediados de mes barajan la posibilidad de convocar a una masiva “marcha federal” que, desde los cuatro puntos cardinales del país, desembarcará frente la Casa Rosada.

Si algo resulta insoslayable en este momento tan difícil del acontecer nacional, es que mientras El Palacio se fractura, La Calle se reagrupa.

Ojalá que una dirigencia política que hasta ahora parece alejada de la realidad, lo advierta, y prime la sensibilidad social por sobre los reclamos de mano dura. Para que cambiar el nombre de una estación de trenes por el de dos mártires solo forme parte de un doloroso e irrepetible pasado.- 

 

 

JORGE FALCONE

 

 

 

 

El subsuelo de la Patria comienza a sublevarse

LA IRRUPCIÓN DE LXS INVISIBLES

Eran la variable de ajuste de los enjuagues de Palacio con el capital financiero trasnacional. Casi la mitad de una Nación otrora próspera, que sus abuelas y madres, sus abuelos y padres enriquecieron con generoso afán. Memoria aún fresca de Mosconi, Cutral Có y el Puente Pueyrredón. Clase trabajadora siempre, pero no aún ‘para sí’. Empleadas domésticas y cuentapropistas de toda laya, cualquier cosa menos parásitos de la sociedad bienpensante. Llegaron con hijxs sin guardería, con el changuito habitual de vender ‘marcianos’, con el humilde arroz que les tiran cada tanto y la cebollita compañera para el guiso improvisado en las noches del primer frío otoñal. No ya portando la efigie de un matrimonio ilustre que alguna vez les dijo quienes eran y cuál era su cometido, sino exhibiendo novedosas y plurales identidades, eco de remotas patriadas. Como algún 1° de Mayo en que filtraron prohibidos carteles para interpelar a Perón, burlaron el retén policial, la revisión de bolsos sin autorización, el intento de incautar el anafe, y la insidia de cloacas televisivas que describieron el acontecimiento como ‘camping de lxs pobres’. Llegaron para quedarse. No tanto en la 9 de julio como en la Historia. La muda imagen de Evita, desde el edificio en que renunció - no a la lucha sino a los honores - lxs reconoció.

 

Guerra en Europa del Este y primeras consecuencias locales

Pese a que, tras el trauma que supuso la disolución de la Unión Soviética, los analistas internacionales definen al sistema - mundo vigente como  multipolar, lo cierto es que siempre ha habido un mandamás: EE.UU., con la OTAN jugando como  perro guardián. Asociaciones como el Foro de Sao Paulo, o BRICS, a la hora de la verdad siempre han tenido un poder limitado, y eso siendo optimistas. Porque en las últimas décadas el mundo ha girado en torno a los intereses de la Commonwealth, de la UE y de la OTAN. El enemigo de estas estructuras criminales parecía no tener opciones de supervivencia. Al menos hasta ahora, el poder de decisión y de acción estuvo concentrado en unos pocos. El capitalismo existente languidece enredado en contradicciones, y las democracias occidentales atraviesan profundas crisis internas que se han convertido en oportunidades para viejos y nuevos actores. 

En tal contexto, Vladímir Putin produjo uno de sus discursos más importantes en el Club de Debates Valdái, en Sochi, considerando que se trató de una clara declaración de intenciones del Gobierno ruso y una llamada de atención a todo el bloque atlantista.

La clave del discurso se podría resumir en la siguiente frase: "¿Dónde están los principios humanistas del pensamiento político occidental? Resulta que no hay nada, solo charlatanería", en referencia a las brutales sanciones impuestas por EE.UU. y la UE a países que padecen severas crisis humanitarias; sanciones que no se han detenido ni durante el Covid. Y es que el bloque atlantista es el bloque de la hipocresía. Es el único que se llena la boca hablando de tolerancia, de democracia y de respeto, mientras impone por la fuerza su visión obtusa del mundo, mientras quita y pone gobiernos a su conveniencia, mientras es incapaz de entender, aceptar o permitir sistemas y modos de vida ajenos a los valores liberal-occidentales que, dicho sea de paso, son tan decadentes que solo generan problemas sociales y raciales.

Pero, más allá de los pormenores del conflicto que se desarrolla en Europa del Este -  como que Rusia responda a las sanciones impuestas cobrando en  rublos el gas que exporta, o que se avance en la posible reunión entre Putin y Zelensky, en pro de desescalar las hostilidades -, a nuestrxs compatriotas les preocupan las consecuencias que, en un mundo globalizado, está acarreando a la Argentina un enfrentamiento que compromete a dos de las más importantes economías proveedoras de cereales e hidrocarburos.

En un momento en que el gobierno nacional se llena la boca prometiendo que  pagará la deuda sin ajustes, de no mediar un gesto solidario justamente por parte de los sectores agroexportadores, la posibilidad de contar con fondos que acolchonen los sacrificios que viene realizando el pueblo trabajador se diluirá, conduciéndonos hacia una escalada en la conflictividad social. 

Y, a propósito de ello, cabe destacar que, luego de que el Gobierno oficializara la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33% a través de un decreto, la Mesa de Enlace comenzó a analizar sus próximos movimientos mientras sigue de cerca lo que sucede en las asambleas de productores que se están  llevando a cabo en el interior del país y manteniendo contactos con los distintos bloques del Congreso para plantear sus reclamos.

Ya se registraron encuentros de productores en el cruce de la AO12 y la ruta 34, a 40 kilómetros de Rosario, en Altos Fierros y en Sinsacate (Córdoba) y también en la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros lugares. Se aguardan más concentraciones en los próximos días. 

Según trascendió, en esas reuniones los productores barajan desde marchar a Buenos Aires hasta realizar un cese de comercialización de granos y hacienda. Si bien esas medidas por ahora no tienen fecha, va creciendo la adhesión a las mismas. Es de esperar que cuando finalicen los encuentros se eleven las propuestas a la Mesa de Enlace para su consideración. 

En materia energética, según la cartera del sector, en marzo el Ministro de Economía aplicó a su presupuesto mensual lo que se conoce como Techo de Caja y en lugar de girar $309.802 millones, como se había solicitado, envió $66.015 millones, el 21% de lo pedido.

A ese respecto, el Secretario Darío Martínez aseguró en un documento oficial del Estado argentino que el presupuesto asignado para su organismo no alcanza para nada, “dado que no responde a los requerimientos básicos del área y cuya implementación acarreará consecuencias inmediatas dañosas para el país”.                                                                                                                           

“Considérese que los $66.015 millones del techo mencionado, no alcanzarían  siquiera para cubrir el pago del Gas que importamos desde Bolivia, el Barco Metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir la falta de Gas que produce temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada, y los 17 barcos de Gas Oíl que contrato CAMMESA para abastecer las Centrales Térmicas y sus depósitos que se encuentran en niveles mínimos, naves todas que ingresaran a puerto durante marzo; dejando absolutamente desfinanciado todo el resto de las obligaciones de la Secretaría de Energía”, señaló el documento. 

Si no llegan los fondos, Energía describe un escenario que será demoledor: Afectación directa e inmediata a la tarifa social de gas y electricidad que pagan los más necesitados, atrasos de todo tipo e incumplimientos de pagos a los productores privados con impacto en las inversiones y posibles demandas judiciales.  

Estas son algunas de las consecuencias que enumera el texto en cuestión:

- “Sobrevendrá una crisis por falta de combustibles para alimentar las centrales térmicas del país”. 

- “No se podrán efectuar los pagos a proveedores de Gas Natural provenientes de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional dentro del marco del Plan Gas.Ar y planes de incentivos anteriores. Estas obligaciones ya fueron en parte incumplidas en el mes de febrero del corriente año, a lo que se sumaría ahora los correspondientes al mes de marzo. Estos pagos a los Productores de Gas, que están garantizados por Certificados de Crédito Fiscal, constituyen objetivamente el flujo financiero que dichas empresas utilizan para ejecutar las inversiones necesarias para producir y entregar el Gas que requiere nuestra demanda residencial, industrial y nuestras centrales térmicas para producir energía eléctrica. Si la producción se resintiera por disminución de la inversión necesaria, producto del corte en los flujos financieros, podría comenzar a verificarse falta de aprovisionamiento.

Además del problema fáctico que ello representa, se abren las puertas a reclamos judiciales por mora e incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Nacional en el Marco del Plan Gas.Ar y sus precedentes, justo en momentos en que se requiere plena producción del fluido nacional para limitar al mínimo posible la importación de GNL dados los precios internacionales descontrolados de este producto, que, crisis energética y guerra en Ucrania mediante, han escalado 400/500 % en relación a los pagados el año pasado”.

- “No se podrán transferir los fondos a Anses para atender el Programa Hogar que morigera el costo del Gas envasado a los sectores de menores recursos”.

- “No se podrá transferir los fondos destinados a mantener la Tarifa Social de Gas Natural”.

- “Se demorarán un mes más las transferencias de fondos a IEASA por $58.000 Millones que corresponden a financiamiento de la primera etapa de las obras del sistema de gasoductos Transport.Ar Producción Nacional, ya iniciada con la licitación de adquisición de cañerías destinadas al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner para el 31 de marzo de 2022″.

Quienes cuestionan a Guzmán aseguran que Economía aún no giró los fondos que se recaudaron para el sector en el llamado Impuesto a la riqueza. “De USD 600 millones sólo llegaron USD 100 millones a IEASA”, argumentan en referencia a Integración Energética Sociedad Anónima, la ex Enarsa, encargada de, por ejemplo, construir el gasoducto Kirchner.

También afirman que el ministro negoció a la baja los contratos con Bolivia para enero y febrero de este año - cuando se necesitaban 9 millones de metros cúbicos de gas y llegaron 7 millones - y temen lo que podría pasar con lo que se pactará para el resto del año, discusión que comienza ahora. “Se necesitarán 12 millones de metros cúbicos durante el invierno. Si eso no pasa no se puede garantizar la necesidad del norte del país, algo que además de la industria podría afectar a la provisión residencial”, dicen cerca del despacho de Guzmán (y no precisamente desde la vereda de enfrente) 

Los sectores de la opinión pública que - permeados por el discurso oficial acerca de que nuestro destino se dirimía entre la sensatez de pagar o el despropósito de ir al default - respiraron aliviados ante el Acuerdo que acaba de aprobarse. Pero comenzarán a llevarse una amarga sorpresa si no siguen de cerca este tipo de consideraciones. 

Frente a dicho escenario, un kirchnerismo herido en el ala por la sangría de votos perdidos en las legislativas se apresta a recuperar terreno de cara a 2023, insistiendo - sobre el hecho consumado de pagar la deuda - en la necesidad de repatriar el dinero fugado, a fin de alivianar las cargas a su base electoral, haciendo lobby simultáneamente a favor de un recambio en el gabinete que se cobre la cabeza de Guzmán, mientras  los sectores más conservadores del arco político alzan su voz reclamando judicializar la protesta social y dolarizar la economía.

Co gobierno con el Fondo entonces, y democracia contrainsurgente. Tal es el damero que se viene configurando. Para el gobierno nacional, el mal trago ya pasó, en tanto que para el pueblo argentino la indigestión comienza ahora. Un oprobioso Acuerdo aprobado con mayoría de votos de quienes incrementaron exponencialmente la deuda por ahora nos sujeta como perros al arbitrio de los acreedores internacionales. En tanto, frente a una sociedad que soporta casi un 50% de pobreza en un país rico, al interior del oficialismo continúa librándose una riña de gatos: Alberto Fernández sentencia “escucho a todxs, pero el Presidente soy yo”, y Larroque le recuerda que como Jefe de Campaña de Randazzo, oportunamente obtuvo apenas un 4% de votos. Previsiblemente, las protestas que genera esa gran estafa de una clase política venal y rentista, ha desatado una verdadera cacería entre quienes la impugnan, apelando al ciberpatrullaje, a la novedad de privar al sospechoso de la eventual ayuda social que reciba, y - llegado el caso – hasta de ilegalizar a la organización social a la que pertenezca. Nunca como en estas horas la democracia formal ha mostrado tan obscenamente los colmillos de su intolerancia.

Así, todo parecería indicar que los controles trimestrales del Fondo se convertirán en escenario de grandes definiciones. 

 

Disensos en la superestructura

No está de más recordar que ese contubernio parlamentario entre quienes contrajeron una deuda impagable y quienes se avienen sumisamente a “honrarla” dejó bastantes heridxs al interior de la coalición gobernante, al punto de que los sectores más disconformes se han atrevido a aventurar sin tapujos que consideran perdida la elección de 2023, habida cuenta de que la mayoría de las consultoras coincide en que el revés del oficialismo en las últimas elecciones legislativas se debió fundamentalmente al atraso en materia salarial. 

Pasemos pues sucinta revista a ese mar de fondo.

En un encuentro realizado poco antes de la aprobación del Acuerdo con el Fondo  en el Centro Cultural JJ, del barrio porteño del Abasto, en el que estuvieron presentes Juan Grabois, Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itaí Hagman, los tres diputados que no acompañaron al gobierno en dicha votación, el líder del Frente Patria Grande manifestó: “Al presidente Alberto Fernández quiero decirle respetuosa y fraternalmente que cuente con nosotros para mantener la unidad y la diversidad ante una oposición destructiva e irresponsable; colaborar con honestidad y esfuerzo en las políticas populares del gobierno; luchar por la recuperación del dinero malversado y fugado… pero no cuente con nosotros para apoyar medidas que rechazamos explícitamente desde el día uno y contradicen las convicciones de este espacio”. En las últimas horas - además - Grabois manifestó que apoyará la lucha de lxs humildes, cuya próxima  manifestación de protesta promete ser una Marcha Federal hacia la meca del poder formal.

Por su parte, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue una de las agrupaciones que mostró su desacuerdo en las calles, con movilizaciones, y en la Cámara de Diputados a través del voto de sus dos representantes: Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. El diputado y referente nacional de la CCC viene sosteniendo  que  es necesario “investigar la estafa”.  

Paralelamente, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra también rechazaron el acuerdo y se movilizaron junto a la CTA Autónoma (que presentó al Ejecutivo un plan de negociaciones alternativo), la CCC, Pymes para el Desarrollo Nacional; un sector de la UTEP; Unidad Popular; Sobreranxs; Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP); Causa Nacional y el Partido Comunista (PC), tras la consigna “Las deudas se pagan. Las estafas no”. 

Agustín Suárez, referente nacional de esa organización ruralista que controla el Mercado Central, oportunamente afirmó lo siguiente: “Somos críticos de un montón de cuestiones y salimos a decirlas y expresarlas, no nos vamos a callar. Esto tiene que ver de lleno con el modelo de extracción que tiene el país, el modelo productivo agroexportador. ¿De qué forma vamos a pagar esa deuda si no es con los dólares de los recursos naturales? Entonces, obviamente esto tiene que ver con un modelo de país de profundización del agronegocio, del modelo de megaminería. Tiene que ver directamente con eso”. 

A todo esto, el Directorio del FMI aprobó el Acuerdo de Facilidades Extendidas (AFE) de treinta meses para refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares que creó el gobierno de Mauricio Macri a mediados de 2018. Las dificultades para encontrar una salida razonable a ese incumplible compromiso, surgido de un voluminoso crédito que se transfirió a capitales privados para su fuga al exterior, quedaron reflejadas en el documento de aprobación del Fondo.  

Su texto no sólo alude a que el programa económico enfrenta riesgos "excepcionalmente altos" para su cumplimiento, sino también a los efectos de la guerra en Ucrania "que ya se están materializando". En virtud de ello, anuncia que se adelantará "la primera revisión del programa", prevista para el mes de junio, e insta a las partes "a recalibrar las políticas, según sea necesario, para asegurar los objetivos fiscales y contener los efectos inflacionarios del aumento de los precios de las materias primas".

Ante semejante panorama, vale la pena advertir que, en una cita anual que ha venido exhibiendo claramente la diferencia entre sectores político - sociales preponderantemente posibilistas y otros partidarios de una transformación de fondo, durante el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, aunque esa distancia se mantuvo, pudo percibirse un denominador común crítico ante las negociaciones encaradas en torno a la deuda. Y ya existen conversaciones entre organizaciones hasta ahora afines al gobierno y las más díscolas. Puede que más temprano que tarde corresponda desempolvar aquella frase borgeana acerca de que “no nos une el amor sino el espanto”. 

 

Inflación y malestar en las bases

Con bastantes reservas en el mundo del trabajo, el Consejo del Salario acordó días atrás que la pauta de aumentos salariales para el sector formal se ubicará este año en torno al 48 por ciento con cláusulas de revisión en función del costo de vida. Por lo tanto, se espera que la suba del salario mínimo, que actualmente es de 33 mil pesos, acompañe esa evolución. 

A diferencia de los aumentos salariales que alcanzan los sindicatos, la actualización del salario mínimo tiene un impacto directo limitado. Se trata en realidad de una herramienta para que los asalariados más vulnerables mejoren sus ingresos. Ese universo está compuesto por personas con bajo nivel de calificación, jóvenes que acceden al primer empleo o trabajadores en actividades en las que la participación sindical es inexistente o muy débil. 

No obstante, la curva del salario mínimo, vital y móvil en los últimos casi veinte años es relativamente similar a la evolución de la situación del poder adquisitivo del salario en general. Desde 2003 hasta 2011 se verificó un intenso crecimiento, al punto de que el poder adquisitivo del salario mínimo en 2011 fue más del doble en relación con el nivel de 2001. Entre 2011 y 2015, cuando la economía ingresó en una fase de más alta inflación y relativo estancamiento, su capacidad de compra se redujo al 8,4 por ciento. Y desde entonces no ha dejado de caer.

En tanto, a considerable distancia de lxs argentinxs que en una ruta cordobesa carnearon desesperadamente chanchos de un camión descarrilado, se acaba de celebrar un encuentro tripartito entre el gobierno, el gremio empresario, y el sindicalismo empresarial, "para controlar la tensión entre precios y salarios".

Hasta aquí se han enumerado apenas un puñado de indicadores suficientes para dar cuenta de que, si no cambia cuanto antes el rumbo de la economía, el Titanic volverá a chocar con el iceberg, aquellos sectores sociales hasta ahora domesticados con prebendas volverán a ocupar el espacio público junto con los más intransigentes, y si a la partidocracia se le ocurre cerrarle el paso a la protesta social pacífica, pues enfrentará novedosas formas de acción directa. Ya que la Historia es pródiga en demostrar que quien siembra hambre cosecha rebeliones.- 

 

JORGE FALCONE