Del genocidio militar
al genocidio social
HACIA UNA
ARGENTINA FALKLAND
Diplomacia hipócrita
con barniz de Patria Grande
A significativa
distancia física del cierre del acuerdo con el Fondo - en el marco de la
asunción de la presidente electa de
Honduras, Xiomara Castro, esposa del
ex presidente Manuel Zelaya, destituido en 2009 -, Cristina Kirchner brindó una charla en la Universidad Nacional Autónoma
de Tegucigalpa, titulada “Los pueblos siempre vuelven”, en indisimulable
y decidido apoyo a la primera mujer en llegar a la presidencia de aquel país
centroamericano, que enfrenta no pocos desafíos internos desde antes de asumir
el cargo.
En su “clase
magistral”, y dirigiéndose en repetidas ocasiones a Héctor, el hijo del
mandatario oportunamente depuesto, Cristina produjo una disertación de
alrededor de 25’ que careció del brillo al que la oradora tiene acostumbrado a
su público habitual. Comenzando por una pobrísima reseña de las guerras
independentistas del Siglo XIX, derivó hacia los Terrorismos de Estado del
Siglo XX y su posterior transformación en lawfare
- siempre identificándose con la suerte corrida por varixs de sus aliadxs regionales de otrora, que la
siguieron atentamente desde la primera fila del auditorio académico -,
cuidándose de mencionar al Fondo con todas las letras en medio de tan delicada
negociación, y concluyendo con el argumento posibilista de atribuir a la falta
de recursos económicos la imposibilidad de asumir una política más resuelta en
materia de preservación del medio ambiente.
La ceremonia de asunción
posterior se produjo en el marco de una rebelión en el seno de la izquierda
hondureña provocada por la competencia entre dos
parlamentarixs que disputan la titularidad del poder legislativo. El grupo
escindido del nuevo oficialismo está comandado por Beatriz Valle, ex vicecanciller de Zelaya y nueva secretaria
de la junta directiva parlamentaria,
quien se resiste a aceptar el Pacto de Oposición, previo a las elecciones,
alcanzado entre su partido y el Partido Salvador (PSH), comandado por el
vicepresidente electo, Salvador Nasralla. Esa pelea complica la
gobernabilidad del país en los albores de la nueva gestión presidencial.
Dada la presencia
en dicho evento de figuras como el presidente electo de Chile, Gabriel
Boric, el canciller de México, Marcelo Ebrard (uno de los
principales socios políticos del presidente Alberto Fernández) y ex
presidentes como Dilma Rousseff, Evo Morales (Bolivia), y Fernando Lugo (Paraguay),
la ocasión fue propicia para ofrecer a la prensa mundial - en sintonía con el
título que escogió para su disertación Cristina - la imagen de que en Nuestra América
va tomando forma un nuevo ciclo progresista, circunstancia cuyo margen de
incidencia real no solo desmienten los indicadores macroeconómicos de la
región, sino algunos gestos inequívocos del flamante primer mandatario chileno
respecto de la Venezuela bolivariana o la Nicaragua sandinista, abiertamente
acompañados por nuestra cancillería, que acaba de condenar de manera expresa la
supuesta violación de Derechos Humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU.
En su exposición,
el representante argentino, Christian
Machuca, habló de desapariciones forzadas y pidió al “régimen” de Maduro
cumplir con los pedidos de otra figurita repetida de la progresía continental,
la Alta Comisionada Michele Bachelet.
Aunque ya “no todo
lo que brilla es oro” en la tierra del Comandante
Chávez, la inclaudicable resistencia de las comunas socialistas fomentadas
por el difunto líder hubiera merecido un gesto geopolítico más fraterno por
parte de nuestro país.
Pero el voto en
cuestión se produce luego de una serie de señales de acercamiento del Gobierno Nacional
con Estados Unidos, como la perdidosa reunión del canciller Santiago Cafiero con su par Anthony Blinken y la entrega de
credenciales de Alberto Fernández al embajador norteamericano en el país, Marc Stanley, en un acto protocolar que
podría haber encarado cualquier funcionario de segunda línea.
En Cancillería
vienen planteando que la presidencia de la Celac y
los viajes de Alberto Fernández a Rusia y China no generarán tensión con
Washington y confían en poder acordar "4 o 5 puntos" con el gobierno
de Joe Biden para mejorar la relación con el FMI, ingenua expectativa que
recuerda a la de Leopoldo Fortunato
Galtieri, aquel general majestuoso que apostó por que el Gran País del
Norte nos hiciera el aguante durante la Guerra del Atlántico Sur.
Grieta en el Frente de Todxs:
Ganaron lxs Kulfas (“pagar es crecer”),
perdieron lxs Moreau (“yo no hubiera pagado”)
Sabido es que, superadas
las Sociedades del Disciplinamiento que tuvieron lugar durante el siglo pasado,
estas Sociedades del Control que rigen durante el actual encuentran en la deuda
de los países periféricos uno de los principales yugos establecidos por el
Norte Global para prorrogar su sometimiento.
Repasando el desarrollo
de las tensas negociaciones con los acreedores internacionales que se vinieron
produciendo durante el mes de enero, corresponde señalar que en el seno de la
variopinta coalición gobernante confrontaron varios puntos de vista, desde el
de quienes se avenían sin chistar a padecer la tutela trimestral de los
veedores enviados por el Fondo para supervisar un ajuste leonino, al de quienes
cada vez menos tímidamente fueron desdramatizando las implicancias de un default.
A prácticamente un
mes de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco
Central resultan insuficientes, en los tres sectores que componen el
oficialismo perciben que las tratativas vienen siendo cada vez más difíciles,
dada la intransigencia en los condicionamientos que exige Washington para
refinanciar la deuda acumulada desde la dictadura, y salvajemente incrementada
por Macri.
Cabe recordar que
la ilusión de un FMI fraterno
acariciada por Kristalina
Georgieva se hizo trizas contra el escándalo por favoritismo en un
antiguo ranking del Banco Mundial que
estuvo a punto de costarle la cabeza a mediados de 2021. En este momento el
equipo a cargo, con Gita Gopinath y el halcón brasileño Ilan Goldfajn a la cabeza,
y con el británico Ben Kelmanson encargado del caso argentino
(a quien tendremos de “inquilino” por bastante tiempo a partir de las próximas
horas), es mucho más hostil. Oportunamente, Fernández y Guzmán habían
convencido al resto del FdT de firmar un acuerdo imposible de cumplir con el
argumento de que las condiciones tampoco serían tan estrictas, al menos durante
el período de gracia inicial de cuatro años. Pero al redactar la letra chica
quedó claro que no sería un asiento contable sino un pasaporte al cogobierno
con el Fondo hasta el final del mandato.
Como si eso fuera
poco, en el Tesoro, el encargado del caso argentino es David Lipton,
el mismo halcón demócrata que secundaba a Christine Lagarde al
frente del Fondo en 2018 y que ejecutó
la orden de Trump de blindar a
Macri, aun contra su voluntad.
La entente del
Fondo Monetario con el Tesoro norteamericano no es novedad para el peronismo ni
para la familia Cafiero, ya que quien acaba de viajar a clamar por piedad al
accionista mayoritario es el nieto del también joven agregado financiero en
Washington durante 1949, Antonio Cafiero, quien le recomendó al
mismísimo Juan Perón que no se asociara al Fondo en carta
remitida el 25 de julio de ese año.
Sin embargo, no
fue el canciller quien trazó la estrategia de negociación con el FMI sobre el
supuesto de la colaboración estadounidense que finalmente fracasó. Se trata de Gustavo
Béliz, tan silencioso decisor
en la intimidad de Olivos como pro-yanqui, que siempre descontó el apoyo de la
Casa Blanca, incluso antes de que asumiera su ocupante actual, cuando Sergio
Massa sumó su propio entusiasmo americanófilo. La tesis de que
Washington evitaría a toda costa una crisis en medio del Cono Sur demostró
carecer de asidero.
El interrogante
que campeó en el establishment fue si, ante el endurecimiento de las
contrapartes, el Gobierno estaba recalculando su rumbo hacia una posición más
defensiva, si solo tensaba la cuerda para negociar mejor o si se preparaba para
afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI. El desconcierto que
imperó hasta el anuncio oficial sobre el acuerdo se reflejó en la disparada de
los dólares paralelos.
Inesperadamente,
también sobre las Fiestas, Fernández decidió aceptar invitaciones que podría
haber declinado sin mayores consecuencias, para volar en las próximas horas a Moscú y a Beijing
justo en el pico de tensión de ambas potencias emergentes con Estados Unidos. A
Rusia llegará justo mientras se colma de tropas la frontera con Ucrania. En
China planea concurrir a la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que
Biden llamó abiertamente a boicotear. Ninguno de esos dos gobiernos ofreció
dinero para cubrir el vencimiento impagable de marzo y sería infantil pretender
que se puede improvisar una salida así en menos de un par de meses, con la parsimonia que caracteriza especialmente
a la diplomacia del Gigante Asiático. Pero el gesto apunta a mostrar que
Argentina no solo tiene un aliado. Aunque parece tratarse de una maniobra tardía.
En los escarceos
del Presidente gravita el hecho de que, a su entender, la política regional
navega otras aguas que cuando asumió. Luis Arce, Gabriel Boric y Pedro
Castillo no presidían Bolivia, Chile y Perú respectivamente. Gustavo
Petro y Lula tampoco estaban a punto de ganar en
Colombia y en Brasil, como ahora.
Aunque “soñar no
cuesta nada”, la tensa vigilia de Nuestra América demuestra que ni Bolivia está
en condiciones de radicalizar una política antinorteamericana, ni el nuevo
mandatario chileno contempla dicha posibilidad, ni Perú está llevando a cabo
nada que se le parezca.
Pero se acabaron
las conjeturas. Muy a pesar de un mensaje presidencial que, cargado de
optimismo impostado pretendió calmar a la opinión pública y ofrecer previsibilidad
a los mercados, una vez más, contrariando el reclamo popular y el de lxs
funcionarixs más sensatxs, la línea política que se impuso al interior de la
coalición gobernante fue la de que Argentina continúe siendo un sumiso pagador
serial de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa, aunque nuestras reservas estén
en rojo y cunda la miseria colectiva.
La contracara del
edulcorado discurso oficial consistirá en un estricto control de la emisión monetaria
(virtual intervención del Banco Central), un significativo recorte del gasto
público con control trimestral de ejecución presupuestaria según cumplimiento
de metas, aumentos de salarios y jubilaciones también solo según cumplimiento
de metas fiscales, el achicamiento de la brecha cambiaria oficial y blue al 30%
(devaluación), la instalación de una Misión de Control Permanente del FMI en
Argentina, tasas de interés positivas para alimentar la timba financiera, guardar reservas para pagar al FMI y girar
ganancias a casas matrices, la continuidad de pago a los bancos de Leliqs y
demás instrumentos a tasas por encima de la inflación, la legitimación formal
del endeudamiento contraído por Macri y de la responsabilidad en ello del FMI.
Vale decir, en términos reales, el cierre de la grieta con Juntos por el Cambio.
Las reacciones de
indignación no tardaron en manifestarse. La CTA - A, por ejemplo, expresó “rechazamos el camino de acuerdo con el FMI y
reafirmamos que las deudas se pagan pero las estafas no. El préstamo más
abultado de la historia del FMI fue otorgado de forma irregular. Hay
responsables administrativos y políticos tanto en la anterior gestión como en
el propio organismo internacional. Ese capital fugado nunca tuvo como
propósito llegar a nuestro pueblo. La historia lo ha demostrado: ningún
programa del FMI busca el desarrollo económico, sino que pretende generar
excedente para pagar la deuda. Con el acuerdo Argentina opta por el camino de
refinanciar un préstamo fraudulento, asumiendo un sendero de ajuste y
resignando soberanía”.
Poco después,
también en tono crítico, se pronunció el Partido Comunista argentino,
integrante de la coalición gobernante.
Las organizaciones
sociales rebeldes, por su parte, se declararon en Estado de Alerta, y preparan
una respuesta contundente para el 8 de febrero.
Hay que decirlo
con todas las letras: El agradecimiento del Primer Mandatario y el Ministro de
Economía a la “prudencia” de la CGT y los movimientos sociales aliados - ¡qué
país generoso, ¿no?! - debería avergonzar entre sus filas hasta a lxs más cara
rotas.
Considerando hasta
dónde se polarizaron en seno del oficialismo las opiniones sobre el carácter
del acuerdo, no sorprende que la decisión adoptada haya traído severas
consecuencias al interior del Frente de Todxs. La renuncia de Máximo Kirchner a su Jefatura en el
Bloque de Diputados oficialistas va en tal sentido. Aunque, al menos según la
consultora de Roberto Bacman, la medida
en cuestión cuenta con un 49% de aprobación de la sociedad, indicador sumamente
elocuente de que lxs argentinxs no pasamos por nuestro mejor momento en materia
de conciencia política. Frente a tal consenso, y hasta nuevo aviso, la competencia
por el 2023 amaga disputarse entre Alberto y Larreta.
Dado el silencio de
“La Jefa” respecto al bochornoso entendimiento, es más que probable que a
partir de ahora cierta gilada invente una nueva “Teoría del cerco” en torno a
ella, pretendiendo que siempre fue ajena a la decisión adoptada. Pese a que en
el cierre de campaña hacia las legislativas haya expresado a voz en cuello que
debíamos “honrar nuestros compromisos”.
Tierra y trabajo: El hervor en ascenso de la caldera social
Si comenzamos abordando el
primer tópico que encabeza este bloque, corresponde advertir que hoy la ciudad de
La Plata es el punto geográfico de mayor ocupación de tierras: 250 hectáreas
que involucran a más de 40 tomas activas. La mayor de ellas está ubicada en la
localidad de Los Hornos, en el ex Club de Planeadores. Allí viven 2.600
personas. En ese distrito hay 260 asentamientos compuestos por unas
200.000 personas, el mayor registro de toda la provincia de Buenos Aires.
Este dilema sin resolver en el
municipio gobernado por Julio Garro (Juntos
por el Cambio) eclosionó durante los últimos días en la vida cotidiana de lxs
platenses, testigos del regreso de vecinxs que ya habían sido desalojados por
la policía provincial.
Un relevamiento de las
autoridades locales reveló la presencia de adultos, niños y mujeres embarazadas
en las nuevas tomas, situación que pone en ventaja a lxs ocupantes a la hora
del desalojo.
Según dicha fuente, las ocupaciones
activas se despliegan a lo largo de toda la ciudad, desde el Camino Centenario
y 450, frente al Parque Ecológico, hasta las vías del ferrocarril en 120 entre
42 y 50, a pocas cuadras del Casco Urbano, pasando por las decenas de tomas en
el oeste y el sur platenses, desde Abasto hasta Villa Garibaldi.
En relación a la de Los Hornos,
donde unas mil casillas ocupan tierras fiscales que pertenecen a la Nación, la
administración de Axel Kicillof
elaboró un proyecto de urbanización con servicios, escuelas y centros
barriales.
Pese a ello, el jefe comunal
solicitó públicamente el desalojo del lugar, afirmando que la zona se volvió mucho más insegura, que
los gendarmes enviados para custodiar el lugar no alcanzan y que al predio
siguen arribando familias cuando se había asegurado que esto no iba a suceder.
Organizaciones de izquierda
como el Polo Obrero, el FOL y Teresa Vive, entre otras, protagonizaron gran
parte de esa ocupación.
También se observaron
pasacalles que identifican a organizaciones sociales cercanas al oficialismo
como el MTE o La Dignidad, aunque sus dirigentes se apresuraron a tomar
distancia de la iniciativa.
Consecuentemente con su
raigambre oligárquica, el intendente de La Plata mandó cavar una fosa para
evitar que sigan intrusando predios, emulando así a la tristemente célebre Zanja de Alsina, sistema defensivo de fosas y terraplenes con
fortificaciones compuesto por fuertes y fortines construidos en el oeste de la
Provincia de Buenos Aires entre 1876 y 1877, sobre la nueva línea de frontera
de los territorios bajo el control del gobierno federal, a fin de evitar la
irrupción de lxs principales excluidxs de entonces, que eran nuestros pueblos
originarios.
Como queda de manifiesto, muy a
pesar del escarmiento que el polémico Ministro de Seguridad Sergio Berni pretendió brindar a lxs
sin techo durante 2020 desalojando violentamente un extenso predio en la
localidad de Guernica, las ocupaciones activas se despliegan por toda la
ciudad, dado que, aunque las autoridades pretendan tapar el sol con la mano, la
de tierra y vivienda es una necesidad impostergable y de primer orden.
Más allá de las promesas, a la
fecha la única respuesta ofrecida a lxs necesitadxs de un lugar en el mundo es
la represión.
Sin ir más lejos, coincidentemente con la capitulación del gobierno nacional
ante el FMI, la Bonaerense de Berni y Kicillof desalojó a 60 familias humildes
que habían ocupado un terreno ocioso en Barrio Aeropuerto. Se trata de jóvenes trabajadoras y trabajadores,
afectados por la falta de empleo y de vivienda, una realidad que se vive en
todo el país con índices que llegaron, en agosto pasado, al 20% de desocupación
en jóvenes de entre 18 y 30 años.
Al afligente panorama descripto cabe sumar que hoy nuestro país ocupa el
séptimo lugar entre sus pares de Nuestra América en relación al valor del
salario mínimo, después de Perú y antes del Brasil de Bolsonaro, cuando apenas hace una década figuraba en primer lugar.
Tan es así que, en el mundo del trabajo informal, los movimientos sociales rebeldes,
alejados del Gobierno nacional y nucleados en la Unidad Piquetera,
denuncian que continúa la morosidad por parte del Ministerio de
Desarrollo Social en la entrega de alimentos, y reclaman una
reunión con el líder de la cartera, Juan Zabaleta, ante quien pretenden renovar demandas como el avance del plan que presentaron el
año pasado en procura de crear 1.000.000 de
puestos de trabajo.
El funcionario está al tanto de la propuesta pero no responde.
Además, se le han planteado reiteradamente críticas a la calidad y
variedad de los alimentos secos que se deberían entregar mensualmente. Sin
contar con las demoras, que terminan siendo suspensiones.
La propuesta de crear esa cantidad de empleos es más que ambiciosa, de
acuerdo a distintas consultoras económicas. Las más optimistas indican que la
economía argentina necesitaría atravesar 5 años a un ritmo de crecimiento
económico por encima del 3% anual para lograr recuperar los puestos de trabajo
perdidos durante la emergencia sanitaria, etapa en la que 1,2 millones de trabajadores
quedaron desocupados con una baja tres veces más acelerada entre los informales
y cuentapropistas que entre los formales.
Las diferencias se profundizan en el tirante
vínculo que sostiene el Gobierno con las organizaciones sociales no
oficialistas. A principios de este año, el ministro de Desarrollo Social
anunció que impulsará una iniciativa que considera clave: garantizar que
aquellas personas
inscriptas en el programa Potenciar Trabajo puedan optar por la
unidad ejecutora en la que cumplir con las cuatro horas laborales diarias que,
a cambio de $16.000 mensuales, se les exige como contraprestación.
El anuncio inmediatamente encendió alarmas en
los movimientos insumisos, dado que
mientras desde
el ministerio se encargan de desvincular las tareas realizadas por los
beneficiarios del programa de cualquier adscripción político-partidaria,
los dirigentes piqueteros lo ven como una maniobra dirigida a dejar en un
“limbo” a quienes cobren el Potenciar Trabajo (más de 1.000.000 de
beneficiarios) y decidan irse del lugar en el que contraprestan. Evidente ardid
que, lejos de buscar afianzar la autonomía de esas más de un millón de personas
encuadradas en alguna actividad no registrada, los colocaría a disposición
de lo que decidan los funcionarios de turno.
Por otra parte, preocupa al oficialismo el creciente “éxodo” de
militantes de organizaciones como el Movimiento Evita o
Somos-Barrios de Pie a las filas de estas organizaciones combativas.
La pulseada entre las mismas y el ministerio
de Desarrollo Social es total. En el centro de todo el debate se
encuentra la intermediación que ejercerían las primeras
a la hora de repartir los programas sociales. Sin embargo, desde el histórico
edificio de 9 de Julio y Belgrano aclaran enfáticamente que el Potenciar Trabajo no tiene relación alguna
con el lugar en el que lxs beneficiarixs deciden llevar adelante su militancia,
y que cualquier trámite de traspaso de una unidad ejecutora a otra sólo puede
iniciarse a partir del pedido individual de la persona titular del programa.
Lo cierto es que, hoy por hoy, cada uno de lxs beneficiarixs
del Potenciar Trabajo cuenta con su propia tarjeta y los movimientos
sociales intervienen únicamente al momento de disponer de los cupos. La
cantidad de esos lugares es negociada con el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social,
quien se encarga de ejecutar las altas y bajas correspondientes.
En este tema la realidad ratifica que “los
Reyes Magos son los padres”, y que el empoderamiento popular reivindicado por
Cristina en su despedida como presidente, el 9 de diciembre de 2015, solo
existe en la fantasía de quienes aún le piden “peras al olmo” del kirchnerismo.
La suerte está echada. Ahora que la partidocracia
claudicante que rige nuestros destinos está a punto de convertirnxs a todxs en
kelpers, quedará a cargo del arco de organizaciones más consecuentes con un
proyecto emancipatorio dilapidar un año más reeditando estrategias que el
oficialismo ha demostrado absorber con creces, o trabar de una vez por todas
las mandíbulas del cocodrilo que viene masticando al pueblo argentino.-
JORGE
FALCONE
