LA GOMERA DE DAVID

EL “PATRIÓTICO” DISCURSO

DE LXS ENTREGUISTAS 

CON ESCARAPELA

“Hay  sectores  de  la  economía  que  nunca  deberían  estar  en  manos  privadas,  y  menos  extranjeras,  porque  ello  provoca  la  pérdida  del  desarrollo y  crecimiento  nacional.  Una  y  otra  vez   se  ha  invocado  y  se  invoca  que  las  inversiones  extranjeras  son  fundamentales  para  solucionar  los  problemas  que  el  país  padece.     Es   una  falacia,  porque   el  resultado  final  es  la  desnacionalización  de  la economía,   y  esto  constituye    un  hecho  gravísimo   en  todas  las  áreas”.  

Prof. Elsa M. Bruzzone

Centro de Militares para la Democracia Argentina

14 de Junio de 2021

 

La aparición del coronavirus a fines de 2019 llevó a la mayoría de los países a adoptar cuarentenas rigurosas, que generaron la desaceleración de la economía global, el vaciamiento de los espacios públicos, y un fenómeno que indujo a reparar en la paradoja de que una pandemia de dimensiones bíblicas consiguiera blanquear en poco tiempo tanto cielos como espejos de agua, fomentando la expectativa de millones de congéneres acerca de que la humanidad diera cuenta de semejante lección. Pero ha pasado más de un año desde aquella presunción, y hoy resulta evidente que la voracidad del capital financiero trasnacional continúa sujeta a una pulsión suicida. 

Por estas horas, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza continúa recibiendo remesas de vacunas anti COVID de distinto origen, mientras la población en general está lejos de respetar el confinamiento estricto mantenido durante la primera mitad de 2020, los índices de contagio se muestran remisos aún a descender notoriamente, y en el mundo entero va prevaleciendo la virulenta variante Delta de la peste. Según una prospectiva trazada por la Organización de Países Desarrollados (OSDE) que acaba de trascender - a partir de cómo viene encarándose la emergencia sanitaria -, Argentina conseguiría superarla en la segunda mitad de 2026. 

Paralelamente, a un lado y otro de esa “grieta” electoral azuzada por la prensa hegemónica, lentamente vuelve a ponerse de manifiesto que el interés principal de las fuerzas que la encarnan coloca los votos por encima de la gente. Y al conurbano bonaerense como la principal presea a conquistar para perpetuarse.

 

De cara a las elecciones de medio término, la coalición gobernante - que demostró mayor capacidad para imponerse en un comicio que para gestionar la cosa pública - transita por un estrecho desfiladero de posibilidades, toda vez que destina la parte del león de nuestra economía a mantener en calma a los acreedores externos. Y el resto a “dorarle la píldora” mediante asistencialismo a las organizaciones sociales indispuestas a desmovilizarse.

 

A ese respecto, preocupa al oficialismo la convocatoria que viene demostrando la Unidad Piquetera, básicamente conformada por el Bloque Piquetero (motorizado por el PO), el sector de Barrios de Pie liderado por Silvia Saravia, y el Frente de Lucha (integrado por el Movimiento de los Pueblos, el FOL y un puñado de organizaciones de base), que se mantiene a pie de calle muy a pesar de las prebendas que viene ofreciendo el Ministerio de Desarrollo Social para que esa confluencia de organizaciones rebeldes no empañe el desarrollo de las PASO, obsesión casi excluyente por estas horas en el Frente de Todxs.

 

Las contundentes fotografías aéreas del reciente homenaje a los piqueteros Kosteki y Santillán, realizado en inmediaciones de la estación de trenes que lleva sus nombres, justifican el desvelo de la Casa Rosada.

 

Lo cierto es que detrás del árbol de las demandas esenciales para sostener una vida digna está el bosque del patrimonio soberano del país, cuya defensa no integra el editorial de los principales medios ni ocupa el primer plano de los debates en curso. Sin embargo todos los años, entre mayo y julio, lxs funcionarixs de turno se llenan la boca homenajeando a Castelli, Belgrano o Laprida.

 

No obstante, una preocupación urgente a considerar hoy en nuestras fechas patrias debería ser por ejemplo la cuestión - si no asordinada, marginal - respecto a en qué manos quedará la llamada Hidrovía Paraguay - Paraná.

 

El cauce en cuestión tiene una extensión de 3.442 Km. de largo, y el tramo que entraría en concesión durante 2021 tiene una de 1.200 Km., y vincula al Atlántico Sur con la Cuenca del Plata a través del Río de la Plata, teniendo como eje principal a los ríos Paraguay y Paraná en sus cuencas inferior y media, siendo la principal vía del comercio exterior de nuestro país, y se nutre del embarque de granos en las zonas linderas a la cuenca inferior del Paraná y de los subproductos derivados de la producción cerealera y oleaginosa. La concesión de la hidrovía se renueva luego de haberse creado en el año 1995, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Esta concesión representa un negocio de 300.000.000 de Dls. anuales, que administra Jan De Nul, una empresa naviera de capital belga, en conjunto con la empresa nacional Emepa. Lo cierto es que dicha firma busca renovar la administración de la mal llamada hidrovía, a pesar de sus conocidas imputaciones en casos de corrupción internacional. ¿Porqué hablar de “la mal llamada hidrovía”? Porque ese solo es el nombre comercial y estratégico de la empresa y el emprendimiento. En verdad, el manejo de ciertos términos impone, en casos de turbios negociados como este, salirse de parámetros legales y poder evadir impuestos, y a su vez evitar el control de las autoridades. Por otra parte, “hidrovía”  no define correctamente ni suplanta términos geográficos como ríos navegables, y mucho menos a conceptos más complejos como cuencas hidrográficas. En el año 2020, durante el mes de agosto, el gobierno nacional, en conjunto con las provincias del litoral, firmó el Acuerdo Federal Hidrovía, a partir de lo que se creó la administración Hidrovía Sociedad del Estado. Poco después,   el 26 de noviembre último, publicó el Decreto  949/20, que dispone el llamado a licitación pública para la realización de obras con peaje en la denominada Hidrovía.                                                                                                             

Tras su publicación, la normativa viene despertando desde críticas hasta  exigencias de derogación. Algunos cuestionamientos provienen de dirigentes ligados al oficialismo, como Juan Grabois o el ex canciller y actual senador nacional del Frente de Todos Jorge Taiana, quienes alertaron sobre “el deterioro de la soberanía nacional en términos fluviales y marítimos”. Algunos entendidos en la materia consideran que esta medida formaba parte del Plan Andinia y que significa una “claudicación y una entrega de soberanía”. 

Las informaciones que indican que la concentración, la pérdida de diversidad productiva y la escasa creación de empleo genuino son características de las economías generadas por las inversiones ligadas a dicho emprendimiento  abundan, y pueden encontrarse tanto entre aquellos que promueven el proyecto como entre los que tienen la capacidad de evaluarlo globalmente. En julio de 2004, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario indicaba que, con la capacidad de trituración proyectada por las grandes inversiones, era probable que en los próximos años “algunas plantas más pequeñas e ineficientes” dejaran de estar activas. Poco después, Alberto Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Industrias Aceiteras señalaba que ese sector productivo tendía a la concentración: “Es un sector en el que la restricción para entrar está dada por la necesidad de disponer un fuerte capital para operar”. Un trabajo del sindicato de aceiteros de Puerto General San Martín calculó que en las inversiones de las grandes comercializadoras de cereales, “por cada 500.000 dólares invertidos se va a generar tan sólo un puesto de trabajo”, a diferencia de las pequeñas y medianas empresas donde se necesita una inversión muy inferior para generar empleo. Jerry Mander, en su artículo “Globalización Económica y Medio Ambiente”, desmitificaba por completo la apreciación de la inversión global como solución al problema del desempleo: “…Las 200 mayores corporaciones del mundo dan cuenta hoy de alrededor del 30% de la actividad económica global, pero emplean a menos del 0,5% de la fuerza laboral global”.

No existe, en definitiva, una discusión real sobre las posibilidades de desarrollo de la cuenca del Plata. Aquello que mueve a miles de personas a oponer resistencia a los procesos de privatización de los recursos en Nuestra América, es lo mismo que mueve al poder económico a implementar estrategias para su apropiación: la cuenca del Plata cuenta con la tercera parte de las reservas mundiales de bosques, recursos hídricos y energéticos, potencial piscícola, agrícola, pecuario y forestal, riquezas bioecológicas y socioculturales únicas. Si el valor de los territorios y de sus características ambientales está plenamente considerado, en su conjunto, como recurso productivo para la explotación, es la vida misma de la región en el más amplio sentido, la degradación acelerada de las posibilidades de subsistencia para su población, la que no ingresa a los cálculos del capital económico y financiero. La expresión de los buscadores de capitales, que señala a los inversionistas el beneficio adicional de “recursos humanos económicos”, es exacta en el caso de la hidrovía: la vida de los habitantes de Nuestra América es más barata para las corporaciones. 

Vale la pena conocer la historia de lucha que hay detrás del río Paraná: la Vuelta de Obligado fue una derrota, pero en Punta Quebracho se triunfó sobre la flota Anglo  - Francesa que nos había invadido en 1846. 

No se defiende lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce, de ahí la importancia de la  concientización sobre  el río Paraná y el control soberano. 

Pasando en limpio, para no poner en jaque una vez más nuestra soberanía y frenar en los hechos a las grandes corporaciones dueñas de todo, es necesario establecer una serie de medidas. En primer lugar, derogar el decreto 949 y suspender toda licitación de la cuenca Paraná-Paraguay. Al mismo tiempo es fundamental que el Estado se haga cargo del dragado, balizamiento y mantenimiento de las vías navegables, recreando una flota mercante de bandera, para que las regalías producidas por el comercio exterior engrosen las arcas del Estado en pos de una mayor redistribución de la riqueza. Por otro lado es fundamental que se ponga en funcionamiento el famoso Canal de Magdalena, en pos de optimizar el transporte de exportaciones, evitando el puerto de Montevideo.

Al parecer, debido a las presiones ejercidas desde distintos sectores de la opinión pública, en las próximas horas verá la luz el decreto que cede por un año a la Administración General de Puertos (AGP) el control y administración del cauce en cuestión.

En paralelo a ese decreto, se prepara otro, que estaría algo más demorado, y que establece la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país. Estará bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Este paso que daría el Gobierno no cumple aún con la imprescindible estatización lisa y llana de ésta y todas las vías navegables y puertos del país.

Quien tenga la última palabra al respecto definirá si en esta controversia gana la Patria o la colonia.

Dilemas semejantes revisten un valor mucho más estratégico que definir qué candidatxs disputarán la Provincia de Buenos Aires. Pero la partidocracia demoliberal y timorata que administra el destino de nuestra Nación carece de agallas para arriesgarse a plebiscitar temas de primer orden como este, dado que el resultado de una eventual consulta popular podría jaquear su condición venal y rentística.

En tanto, la cruda realidad parecería indicar que no basta con que la militancia crítica se aferre a la noria de seguir marchando, aún incrementando en cada nueva convocatoria el caudal de sus columnas, dado que el stablishment se muestra ducho en su capacidad de asimilar el viejo mecanismo de presión y negociación. Las fuerzas que pretenden  representar los intereses de un pueblo despojado del deseo y sujeto a la necesidad, cargan con la responsabilidad ineludible de advertir que, al cabo de casi cuatro décadas de democracia formal, socioeconómicamente estamos peor que durante la dictadura, y - recogiendo el riquísimo legado de nuestras mejores experiencias - ensayar métodos de lucha verdaderamente capaces de cortar la digestión de los poderosos.-

 

 

 

JORGE FALCONE