LA GOMERA DE DAVID

GANAR LAS CALLES, TORCERLE EL BRAZO AL FONDO,

Y SALVAR AL ÚNICO PLANETA-HOGAR CON QUE CONTAMOS

“Los Estados ya no son parte de la solución, porque son uno de los problemas que afrontamos”. 

Raúl Zibechi

“Tiempos de colapso III. Construcción y luchas de pueblos en resistencia”.

(2021, libro colectivo editado por Coordinación Baladre e iniciativas sociales Zambra)

  

Mientras la mitad más uno de la humanidad zozobra,

el capitalismo de plataformas la $igue levantando en pala 

Como bien lo señalara el portal digital cordobés El Megáfono (https://elmegafono.net/), las denominadas "big tech" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta) permanecen entre las siete empresas más acaudaladas del planeta, superando los 10 billones de dólares, suma que excede holgadamente el PBI del Reino Unido, Alemania y Francia juntos. 

La empresa de la manzanita lidera el ranking global, siendo la única firma en la historia que cruzó la barrera de los 3 billones de dólares en Bolsa, al cabo de incrementar su valor en más del 36% durante el año pasado. 

No obstante, Alphabet (matriz de Google) fue la que mayor rendimiento obtuvo en 2021, expandiéndose hasta un 70% y arrimando a los 2 billones de dólares en capitalización bursátil. 

La merma en la fabricación global de semiconductores también favoreció a las empresas del sector, como a TSMC (China) que creció un 18%, aunque la privilegiada fue Nvidia (EEUU), que lo hizo en un 130%, posicionándose como la octava empresa más poderosa del globo. 

A la saga, también entre las 20 principales, figuran Tencent (telecomunicaciones y videojuegos, China) que menguó en un 20% su valor, al cabo de una controversia  con el gobierno de su país, y Visa (servicios de pago), que no experimentó cambios, ubicada en el 13° lugar de la tabla. 

Como se puede apreciar, resultó vana toda presunción de que el poder global tomara nota de alguna lección altruista capaz de tornar más equitativo el mundo de la post pandemia.

  

Para depredar a la Madre Naturaleza,

en Argentina no existe grieta alguna 

Recientemente, un equipo internacional de investigadores publicó un estudio en la revista Environmental Science & Technology, en el que se advierte que los niveles de contaminación química del planeta ya provocan le desestabilización de los ecosistemas y, por lo tanto, constituyen una grave amenaza para los humanos y el resto de seres vivos. 

En las últimas horas, el Ministro de Medio Ambiente de nuestro país ha declarado muy suelto de cuerpo que “no se puede saldar la deuda heredada sin contaminar”. A ello se suma el anuncio del Ministro de Producción acerca de lo que el gobierno denomina Plan de Desarrollo Productivo Verde, supuestamente destinado a mitigar los efectos del cambio climático. Estos movimientos se complementan con la ya evidente campaña deslegitimadora del activismo ambiental, que crece desde el centro de gravedad de la coalición gobernante, encerrada en una aparentemente irrefrenable lógica productivista destinada a quedar bien con los acreedores internacionales al costo de nuestros recursos naturales y de la salud de la población, porque quien se mueve en términos exclusivamente electorales resulta más que capaz de pagar semejantes precios. 

La ocasión es propicia para revisar la perversa argumentación con que desde las altas esferas se viene defendiendo la matriz productiva vigente. 

Según el Observatorio Petrolero Sur (https://opsur.org.ar/), la exploración actual en aguas ultraprofundas remite a lo que entendemos como energías extremas, y consiste en la extracción de combustibles fósiles cuyas características geofísicas hacían imposible su explotación hasta hace algunas décadas, tanto por los riesgos sociales y ambientales que entrañan, como por los  costos económicos y energéticos que insume dicha actividad. Tales energías han tornado factible la puesta en producción capitalista de territorios que antes era imposible explotar, y  permitido la prolongación de la vida útil de los combustibles fósiles sin tener en cuenta el perjuicio climático que ello causa. Otro ejemplo semejante es el de la explotación en Vaca Muerta.  

El desarrollo de este tipo de energías procura clausurar la transición energética   global, así como genera la proliferación de relatos tramposos como el que sostiene que el gas podría utilizarse a modo de combustible-enlace entre los fósiles “más contaminantes” y las energías renovables. Lo cierto es que la masiva utilización de gas metano y su fuga durante la extracción, en el corto plazo, favorece el  incremento del efecto invernadero, mucho más peligroso que el carbón.  

En tal contexto, resulta lógico que nuestro país deba elaborar una transición energética cuya primera labor sea reducir la quema de combustibles fósiles. Simultáneamente, urge mejorar el acceso a la energía en el país, contracara de la desigualdad que reproduce el sistema actual. Esto demanda no sólo iniciativas sectoriales - como la implementación de una canasta de consumos básicos imprescindibles por familia - sino a la vez de medidas complementarias de vivienda que garanticen un acceso digno a la energía, concebida como derecho.  

El dilema actual que plantea el debate acotado que procuran dar los sectores neodesarrollistas parte de que interpretan estas cuestiones como contradictorias, y por ende formulan falsas opciones: Ambiente o desarrollo; petróleo o pobreza. Tal  discurso carece de asidero histórico, en tanto que ambos aspectos pueden coexistir sin perjuicio alguno, dado que su relación futura depende de la acción colectiva, la misma que algunxs analistas pasan por alto. La síntesis de estas supuestas contradicciones es la política. Sectores organizados en lugares como Mendoza, Chubut y la Costa Atlántica, hoy demuestran que la supuesta ecuación que trae el discurso del desarrollo sustentable resulta insuficiente. Ante semejante  oposición al sacrificio de esos territorios debe formularse una propuesta que nos permita vivir mejor, conservando simultáneamente nuestra vida y los ecosistemas.  

Actualmente, organizaciones sindicales, indígenas, feministas, sociales, y políticas, entre otras, vienen debatiendo sobre el vínculo entre la energía y el conjunto de las políticas sociales. A partir de ello han surgido iniciativas como la Propuesta de Diversificación Productiva y la Democratización Energética de la Provincia de Río Negro, que ofrece alternativas económicas ante el riesgo que supondría una mayor dependencia de la renta hidrocarburífera.  

A su vez, estos debates buscan acabar con el cercenamiento de la discusión pública sobre la matriz energética por parte de la mayoría de los analistas “desarrollistas” y neoliberales, que no toman en cuenta a los sectores de mayor consumo energético, trasladando la responsabilidad a los consumos residenciales. Dicha encerrona presenta dos problemas principales. En primera instancia  desconoce las profundas desigualdades familiares existentes, donde los hogares más pobres consumen menos energía y de manera más insegura, invirtiendo en ello la mayor parte de sus ingresos. En un país donde el sector que más consume es el transporte, queda de manifiesto que la respuesta a la transición no vendrá tan solo del sector energético. Cambiar el sistema de transporte de personas y mercancías a través de la reconstrucción de la red ferroviaria permitiría intervenir en el sector que consume casi un tercio de la energía del país. Paralelamente, la modificación del modelo de consumo, aproximando por ejemplo los puntos de producción y consumo frutihortícolas, no solo permitiría reducir costos en traslados, sino que fomentaría una soberanía alimentaria correlativa con la soberanía energética. Estos y otros elementos como la necesidad del control público del sector, las posibilidades que otorga la generación descentralizada y la diversificación energética, o el rol de las organizaciones sindicales ante la desaparición y a la vez creación de empleos.  

En el caso de la explotación de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas, tal como sucede con Vaca Muerta y otras discusiones en torno a la política energética, sus promotores terminan privilegiando la necesidad de remontar la economía, generalmente por la vía exportadora. A contrapelo de la urgencia climática, dichas fórmulas conducen a profundizar una matriz fósil que no ha logrado resolver ni la crisis económica ni la energética. Lo cierto es que aún brilla por su ausencia una política energética integral, porque la energía tal y como la concibe el oficialismo termina siendo una mercancía más. Se trata pues de recetas desarticuladas e improvisadas que se utilizan como salvavidas económico y nunca parten de elaborar un Proyecto Nacional que incluya una adecuada  política energética y ambiental. 

 

Cuestiones de Fondo 

En este escenario, Santiago Cafiero acaba de entrevistarse, con Antony Blinken, el canciller de Biden. Quizás también haya visto a Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional. Hasta donde ha trascendido, los resultados de la visita no parecerían demasiado auspiciosos. Estos encuentros anteceden al viaje  del Presidente a China para una posible entrevista con Xi Jinping en el contexto de los Juegos Olímpicos invernales. 

Sectores del kirchnerismo barajan un Plan B de eventual ruptura con el FMI - que viene endureciendo su postura -, en caso de contar con apoyo del Gigante Asiático. Vana expectativa que probablemente irrite a los Estados Unidos, pero más aún al segundo accionista del Fondo: Japón. 

Sorprendería, especialmente a Alberto Fernández, que los chinos recomienden acordar con el Fondo. Existen incontables evidencias de que ellos pretenden incrementar su gravitación en la arquitectura financiera internacional. La ilusión de que van a sacrificar dicho objetivo para hacerse cargo de la crisis argentina tiene visos megalómanos que convendría reconsiderar. 

Si se analizan cuidadosamente las negociaciones, queda de manifiesto que lo que se está discutiendo con el Fondo es el pago de una deuda. En consecuencia, el prestamista fija condiciones al deudor para asegurarse su cumplimiento. Que esas condiciones sean razonables, es otro cantar. 

En consecuencia, si se prescinde de este punto de vista y se asume el de la “geopolítica”, como pretende Guzmán, la clave no está tan a la vista. Es decir, si a través de la pulseada con el Fondo, Estados Unidos y las potencias occidentales  tratan de disciplinar a la coalición gobernante, el meollo de la disputa no estriba en  las "malas compañías" de Fernández. Lo que fastidia a Washington de nuestro presidente no es su tolerancia con la Venezuela bolivariana o su condescendencia con la Nicaragua sandinista. Más bien se trata de la Vicepresidenta. En todo caso lo que desvela a quienes temen un acuerdo con el Fondo es que la entidad pida la cabeza de Cristina. Para este pensamiento, el resto es irrelevante. 

Así se desarrolla la estrategia del kirchnerismo puro y duro ante la deuda. Para su mejor comprensión vale la pena refrescar la que adoptó el partido Siriza en Grecia  cuando enfrentaba la encrucijada de un ajuste acordado con el Fondo. En aquella ocasión, Yanis Varoufakis (https://www.youtube.com/watch?v=LoLMirAoX_E) visitó al Ministro de Finanzas alemán con el cometido de explicarle que la democracia de su país rechazaba los recortes que pretendían imponerle. Para demostrarlo, el presidente Alexis Tsipras convocó a un plebiscito. No obstante, más tarde optó por apretar el torniquete contra lo que votó su pueblo. Entonces Varoufakis renunció. 

Fernández y Guzmán contemplan la posibilidad de adoptar dicha lógica. Obtener el beneplácito de la oposición para alegar frente al Fondo. Eso resulta prácticamente imposible. Aunque, en el afán por conseguirlo, obtienen un beneficio secundario: poner en evidencia la desarticulación de Juntos por el Cambio, fuerza - jaqueada en estas horas por el trajinado video de la “GestaPro” - que acaba de ser invitada a una reunión con el Ministro de Economía a instancias de Sergio Massa, de acuerdo con su socio Gerardo Morales, el presidente de la UCR a quien Fernández sueña con designar al frente de una suerte de ministerio capaz de neutralizar a la oposición. 

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta celebra este oficialismo del Gobernador de Jujuy, que disimula su propia vocación por el acuerdo. Mauricio Macri, contrariamente, bloquea cualquier diálogo. Pero el quiebre puede venir por el lado de Elisa Carrió, quien avala una aproximación al Gobierno, aunque exige que sea en conjunto con todos los bloques de la oposición. 

A todo esto, en los últimos días trascendió la publicación del minucioso estudio de una jurista de la Universidad de Leeds y un economista ex funcionario del FMI, quienes señalan graves faltas al derecho internacional y al convenio constitutivo del Fondo, en el otorgamiento del abultado préstamo al gobierno anterior. El análisis ya recorre los principales despachos oficiales. ¿Tendrá tanto peso como para constituirse en la luz al final del túnel que el oficialismo espera?

  

Últimos… los últimos 

Mientras en diversas latitudes del país se suceden escenas - prolijamente omitidas por los medios - de saqueo de camiones de transporte de alimento volcados, y se cumple al pie de la letra el vaticinio de que no hay ajuste sin represión (baste con reparar en la sistemática política de desalojo que últimamente se ha ensañado con alrededor de 40 familias asentadas en un predio ubicado en la colectora de la Ruta 3 Km 34, al costado del Arroyo Morales, en el  Barrio Berenice de La Matanza, municipio oficialista si los hay), el Indec confirma que la inflación escaló en diciembre a 3,8 % respecto al mes anterior. De tal modo, el costo de vida acumuló un salto del 50,9 % durante todo el pasado año. 

Según la entidad, al alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el último mes de 2021 la determinaron los incrementos en los sectores de "Restaurantes y hoteles" (5,9 %); “Bebidas alcohólicas y Tabaco” (5,4 %); y Transporte (4,9 %), entre otros.

Además, el rubro “Alimentos y bebidas” alcanzó el 4,3 %, superando el nivel general.

El año pasado el Ministro de Economía incluyó en el presupuesto de 2021 una meta de inflación del 29 %. La chingó fiero. En julio del mismo año la inflación acumulada superó la proyección oficial alcanzando el 29,1 %. Para el año en curso Hacienda calcula una inflación del 33 %, pero el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que difundió el Banco Central, anticipa que la inflación del 2022 alcanzará el 54,8 %. 

Según datos de Economía, a lo anterior se suma que al último mes del año pasado el mentado “impuesto a la riqueza” (que oxigenó bastante al gobierno)  había recaudado $247.503 millones. Como este aporte extraordinario ya caducó, las partidas que se nutrían de este gravamen quedaron seriamente recortadas: la Secretaría de Energía, por caso, tendrá una merma de $60.190 millones, mientras que los ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social perderán $48.150 millones respectivamente. 

No obstante, los recortes abarcarán áreas aún más sensibles. El Ministerio de Desarrollo Social, dependencia clave que maneja partidas millonarias para atender la urgencia social, tendrá una poda de $4847 millones. En tanto, el rubro “Obligaciones a cargo del Tesoro”, desde donde se realizan las transferencias a provincias y a empresas del sector público, tendrá una merma de poco más de $3000 millones. 

Para peor, el Gobierno cedió al reclamo de las patronales y dio por concluido el programa de precios congelados en favor de una nueva canasta de “Precios Cuidados”. Los acuerdos de precios no lograron contener los aumentos, el Gobierno negoció con los eslabones más concentrados de las cadenas. 

Como de costumbre, quienes pagan los costos de la inflación son los trabajadores y los sectores populares. Urge una recomposición salarial de todo lo que se perdió en los últimos años con una cláusula gatillo. Hace falta un salario igual a la canasta familiar, hoy estimada en $ 118.882 por los trabajadores de la Junta Interna Ate Indec. Y a su vez una recomposición de las jubilaciones y Asignación Universal por Hijo.

Ante un panorama tan desolador, las organizaciones sociales rebeldes están dispuestas a volver a ganar las calles. 

En el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular hay más de 3 millones de anotados. Un millón cien mil reciben la mitad del salario mínimo a través del programa Potenciar Trabajo, que administra el líder del Movimiento Evita desde la Secretaría de Economía Social. Además, el Gobierno ha venido  paralizando los “pases” de los beneficiarios de los planes de una organización o cooperativa a otra, con la inconfesa intención de regularlos por su cuenta y a favor de intendencias u organizaciones afines. 

En el Ministerio de Desarrollo Social aún se festeja el "fin de año con paz social” en medio de una dramática coyuntura socioeconómica. Reconocen que el rebote de la economía todavía no se siente en la mesa popular. Relativizan los reclamos piqueteros, argumentando que el monotributo social beneficiará a 5 millones de trabajadores que hoy no tributan, entre vendedores ambulantes y de otro tipo. 

Zabaleta defiende el “trabajo territorial” de su ministerio y su vocación de diálogo. 

Últimamente, el Presidente ensanchó más el tejido de las organizaciones oficialistas al recibir en Olivos a Luis D´Elía, que supo compararlo con Fernando de la Rúa y hace poco cargó contra Cristina Kirchner. No obstante, horas después, manifestantes de la Tupac Amaru volvieron a reclamar la liberación de Milagro Sala en Plaza de Mayo. 

Sabido es que en Desarrollo apuestan a vincular planes con trabajo. Ya sea en base a los acuerdos con las cámaras empresarias, o bien con el nuevo monotributo, o en todo caso con los programas “Mi Pieza” - destinado a mujeres -, el banco de herramientas o la construcción de playones deportivos. Zabaleta, Pérsico y Daniel Menéndez (referente de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Social) también empujan la entrega de créditos no bancarios, aunque los dirigentes de base del Evita reconocen que hay mucho "déficit social", y en Mar del Plata, sus referentes locales cargaron contra el proyecto para la exploración off shore de petróleo que habilitó el Gobierno del que forman parte, y frena la decidida lucha popular.  

Por su parte, el diputado y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete reclama por el tratamiento del proyecto de Ley de Tierra, Techo y Trabajo que presentó en septiembre de 2020 en la Cámara Baja y nunca avanzó. 

A su vez, tan oficialista como crítico de la gestión presidencial, Juan Grabois también sigue exigiendo la implementación de un Salario Básico Universal, que el gobierno, por ahora y en plena negociación con el FMI, descarta. A ese respecto, el líder del Frente Patria Grande y del MTE hará valer el peso de sus tres diputados en el Congreso, exigiendo a su vez la sanción de la Ley de Reciclado. Su voz tiene predicamento en algunos despachos importantes de la Rosada. En tanto el Gobierno acelera la negociación con el FMI, el joven dirigente permanece alejado de los medios y concentrado en la culminación de un nuevo libro.  

Si la confluencia de las organizaciones sociales rebeldes deviniera proporcional a las desavenencias que proliferan en el seno del oficialismo, este podría convertirse en un año de promisorias sorpresas. 

El estallido que el gobierno intenta frenar con asistencialismo viene encontrando un cauce ambiental. Sin ir más lejos, a la victoria popular en Chubut se suma la continuidad del Atlanticazo; en La Rioja se están cortando caminos y bloqueando mineras en la capital provincial, donde la CNEA pretende reactivar su proyecto de minería de uranio, y en Vinchina uno de los últimos pueblos antes de ingresar a la Cordillera, donde distintas empresas se encuentran realizando la exploración en casi 90 proyectos; y la localidad bonaerense de Ramallo no se queda atrás: https://www.diarioregistrado.com/politica/fuerte-pueblada-en-ramallo-contra-el-dragado-del-parana_a61dee2040d3f1b0c643825b7 

Apenas un puñado de ejemplos para demostrar que no hay exageración alguna en nuestra afirmación.-

 

  

JORGE FALCONE