LA SCALONETA COMO PREMIO CONSUELO DE UNA ARGENTINA EN CAÍDA LIBRE
A la sombra de un espectáculo futbolístico global que no consigue disimular las políticas supremacistas de sus organizadores, el ICE, la Gestapo de Donald Trump, gasea en la cara a civiles por protestar contra el secuestro de inmigrantes y la represión contra el pueblo estadounidense que lucha por evitarlo. Ya no cabe duda alguna de que estamos presenciando el Mundial de la vergüenza, y que si estos hechos ocurrieran en Cuba u otro país enemigo de Washington, sería un verdadero escándalo.
Todo vale con tal de distraer de la capitulación del imperialismo yanqui frente a Irán, circunstancia que modifica drásticamente el damero global. Tan es así que, para muchos analistas, por estas horas en Oriente Próximo se juega una pulseada entre Wall Street y Sillicon Valley, expresión esta última de los nuevos actores globales. Este pool tecnológico pretende hegemonizar la succión de recursos de la economía productiva en beneficio de sus intereses empresariales, así como lo hacen los mega bancos y las armamentísticas.
No obstante, cada vez son más los pueblos que salen a las calles para expresar su desacuerdo con decisiones políticas y económicas que consideran injustas o desproporcionadas en relación a los conflictos vinculados con Israel o a intereses internacionales que orbitan en torno a la región. Las manifestaciones no nacen solo de la política. Nacen cuando una sociedad siente que debe defender su identidad, su territorio, su historia o sus valores. En Albania, miles de personas levantaron una consigna que atravesó fronteras: “Albania no está en venta.” Es una frase que va mucho más allá de un proyecto específico. Es la expresión de un pueblo que reclama ser escuchado y que exige que las decisiones sobre su futuro no se tomen de espaldas a sus ciudadanos. Cuando las calles hablan, los gobiernos deberían prestar atención. Porque un país no es solo un mapa ni una inversión económica. Un país es su gente, su memoria y su soberanía. Y cuando un pueblo siente que eso está en riesgo, la voz colectiva se convierte en su forma más poderosa de resistencia. Así, cuando un pueblo despierta, no es la política la que cambia primero… es la conciencia la que deja de aceptar el silencio.
En Nuestra América, como la historia lo ha demostrado cada vez que una revuelta popular no encuentra desembocadura para su cauce, Bolivia es testigo de cierto cansancio en la movilización y los bloqueos al cabo de más de 50 días de lucha sostenida. De manera que tales medidas bajaron de 90 hasta hace una semana a alrededor de 40. Y ahora sólo quedan 17, dado que la mayoría fueron siendo abandonados por los compañeros movilizados y algunos levantados por la policía, aparentemente sin enfrentamientos. De momento, se carece de noticias de choques con las fuerzas represivas o nuevos fallecidos. Resulta evidente una fractura entre los pobladores del Chapare, que responden a Evo Morales, y los de la federación de campesinos del departamento de La Paz, la Tupak Katari. Por otra parte, con la firma del convenio entre la COB y el gobierno, también hay una fractura entre la COB y la Tupak. Una limitante básica del conflicto es que la población de las ciudades de La Paz y El Alto estuvieron ausentes en las movilizaciones y que esta fue esencialmente rural. Ahora en el Chapare se verifican unos 10 bloqueos - lo que hace altamente probable que se intente detener a Evo -, otros 6 en Potosí de la CONAMAQ (Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo, indígenas originarios del altiplano sur), y 1 en La Paz. Aún no hay información acerca de si se restablecerán más bloqueos o si seguirán disminuyendo. El problema más serio que existió fue que los bloqueos afectaron más a los sectores populares de La Paz y El Alto, estos últimos no se incorporaron a la lucha, y la Tupak insistió en impedir los corredores humanitarios para aliviar la situación de desabastecimiento. Eso confrontó a segmentos importantes del bloque popular. De modo que la COB acabó firmando el acuerdo con el gobierno a causa de que ya no podía incorporar a más sectores y varias de sus filiales departamentales se desmarcaron, incluso la COR de El Alto, pero antes lo hicieron fabriles, mineros de Colquiri, cooperativistas, etc. Y porque la población de estratos medios y bajos asumía actitudes de mucho cuestionamiento hacia la dirigencia. Pero la situación está lejos de haberse resuelto.
En Argentina, algunos exponentes del pensamiento crítico opinan que, si el Argentinazo de 2001 fue el 17 de Octubre no reconocido del kirchnerismo, la cuarentena lo fue del libertarianismo. Solo que el primer fenómeno no transformó progresivamente la matriz productiva del país, y el segundo lo está haciendo drásticamente en forma regresiva.
De modo tal que, erosionado por la causa Adorni y los inocultables desencuentros entre el Presidente y la Vice, obscenamente expresados durante el acto en Rosario por el Día de la Bandera, el bloque oficialista se resquebraja... pero arrasando todo a su paso, algunos de cuyos ejemplos más dramáticos últimamente han sido sumarse a una asociación global de EE.UU. para asegurar la cadena de suministro de minerales clave para IA y chips, apuesta de Trump para frenar la influencia de China en ese sector; el Súper RIGI, un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en industrias que la propia ley no define, y el Congreso debate su aprobación con dictamen de mayoría firmado el 17 de junio por 61 legisladores, estando en juego no solo un régimen de promoción industrial sino el primer eslabón de una arquitectura legal que, combinada con la reforma a la Ley de Sociedades, puede blindar por 30 años a empresas operadas por inteligencia artificial sin responsabilidad humana identificable; como si no bastara con eso, con respaldo del PRO, la UCR y otros aliados, el oficialismo convirtió en ley el acuerdo con dos grupos de acreedores que mantenían reclamos por el default de 2001, aprobando el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre; además, se privatiza la vía navegable troncal del Rio Paraná; y, tras cartón, se autoriza al Ministerio de Economía a tomar deuda con organismos internacionales por hasta 5000 millones de dólares.
Un panorama cuyas dramáticas consecuencias sociales motivan al abogado y especialista en DDHH Roberto Gargarella a afirmar, por ejemplo, que "llegar a fin de mes dejando al abuelo sin remedios es una monstruosidad moral".
En consecuencia, este pueblo que "está solo y espera", se defiende como puede. Sin ir más lejos, esta semana organizaciones gremiales, ambientales, sociales y territoriales se encontraron frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tratado en el Senado. Como organización campesina, la U.T.T., realizó un #Verdurazo, compartiendo con el pueblo los frutos de su trabajo, y manifestando que defiende otro modelo de país, con tierra para quienes la trabajan y producen alimentos, no para la especulación ni los negocios de unos pocos. "Mientras millones de familias no acceden a una vivienda digna y gran parte de quienes producen alimentos trabajan sobre tierras alquiladas, el gobierno vuelve a legislar en favor de los grandes propietarios y los fondos de inversión, habilitando una mayor concentración y extranjerización del territorio. También dificulta el acceso a la tierra y la vivienda, facilita desalojos, y favorece la especulación inmobiliaria/financiera, eliminando restricciones sobre las tierras rurales y los cambios de uso del suelo tras incendios. Quienes están hoy en el poder quieren rematar el país, poniendo en riesgo la soberanía territorial y los bienes comunes"; manifestaron los organizadores.
A su turno, como todos los años, un multitudinario conjunto de organizaciones políticas y sociales homenajeó sobre el Puente Pueyrredón la memoria de los mártires piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, exigiendo justicia con sus verdugos, aún impunes.
El escenario descripto motiva que el triunvirato de la CGT salga de su habitual modorra y evalúe tomar medidas de fuerza, mientras los gremios duros piden un paro de 36 horas.
Pero, en concreto, por ahora el movimiento nacional no da pie con bola.
El reciente acto realizado por La Cámpora en Parque Lezama, que juntó tras el reclamo de Cristina Libre a dirigentes tan variopintos como Máximo Kirchner, Juan Grabois - quien aún adeuda una explicación a la opinión pública acerca de cuál fue el cometido de su visita al magnate tecnológico Peter Thiel -, y Guillermo Moreno, insistió en enarbolar una bandera que, con ser justa, no consigue alinear tras de sí a todas las tribus de un peronismo que sigue disperso.
A todo esto, Miguel Pichetto volvió a visitar a Cristina Kirchner, tres meses y medio después del reencuentro a fines de febrero y a unos días de haber hecho pública su propuesta para que el Congreso anule la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Más allá de la discusión sobre su viabilidad jurídica, y por el momento sin la perspectiva de un tratamiento parlamentario, la idea viene siendo fogoneada por los dirigentes alineados con la ex presidenta con el propósito de instalarla y alentarla políticamente. “Está en estudio entre los asesores del bloque. Pichetto lo fundamenta en los vicios que tiene la causa. Nosotros vamos a explorar todas las vías para ver cómo logramos que esta condena injusta tenga una revisión. Si esa es una puerta para abrir o indagar, lo haremos”, aseguró uno de los diputados más cercanos a la Dra. Kirchner. Otro legislador aludió a la ventaja de que lo expusiera Pichetto y no algún referente identificado con la ex mandataria, como punto de partida para buscar respaldos de otros espacios. Con el propósito de darle aire a la posibilidad de que el Congreso anule o morigere la decisión del Poder Judicial por tratarse de un caso de “gravedad institucional”, en el kirchnerismo remiten a la ley de Dosimetría - proporcionalidad de las penas - sancionada en Brasil, con la que el Congreso de ese país modificó las reglas de cálculo y ejecución de las condenas, lo que podría favorecer a Jair Bolsonaro.
La maniobra en curso no descarta la búsqueda de un nuevo "Tío" Cámpora capaz de imponerse en las elecciones de 2027, para luego indultar a la ex presidenta.
A su vez, va cuajando lo que los analistas más rigurosos comienzan a definir como un peronismo de la rendición, integrado por los Jaldo, Olmos, y Aníbales de la vida, empeñados en reivindicar el equilibrio fiscal por encima de cualquier perspectiva emancipatoria.
A ellos no le va en saga la entente entre Monzó y Bossio, que promueve la figura del banquero Brito, quien, como el ex predicador Dante Guebel, adquiere visos de mileísmo sin Milei.
Y el gobernador Kiciloff aún no entona las "nuevas canciones" que invitó a componer, ni adquiere el debido eco entre los gobernadores de su partido.
Dramático panorama pues el que ofrece la diáspora peronista a casi un año de los próximos comicios, lo cual invita a revisar la encerrona reaccionaria a que condujeron en Bolivia los enfrentamientos encarnizados al interior del MAS, tanto como a reparar en la indisimulable intervención del pool oligárquico tecnológico global en la definición de las recientes elecciones en Colombia.
Mal momento histórico pues para enredarse en intrigas palaciegas, cuando los dueños del mundo se empeñan en trascender los límites biológicos de la muerte y expandir las fronteras de su saqueo a otras latitudes del cosmos. Porque, a este tren, cuando la oposición reaccione, habrá quedado constituída por extranjeros en un país ajeno.
El panorama se completa con una izquierda consecuente pero todavía endógena, que se resiste a confluír con otras tradiciones de lucha.
Así, y hasta nuevo aviso, más por falta de mérito de sus críticos que por virtudes del Gobierno, hoy la posibilidad de conquistar un cuarto trofeo mundialista se presenta como más factible que reconstruír a la Argentina como Nación soberana.
Pero bueno es recordar que, aunque la Historia a veces se acelera y otras se enlentece, el pasado nunca duerme. Y prueba de ello es el “Claro Día de Justicia” que ha supuesto, en la última semana de junio, que 70 años después, los fusilamientos de José León Suárez hayan sido declarados delitos de lesa humanidad. Con ese veredicto culminó el Juicio por la Verdad dedicado a los crímenes cometidos por la dictadura instaurada en 1955. En efecto, la jueza Alicia Vence consideró probados los hechos de 1956, cuando aquel 9 de junio por la noche fueron secuestrados quienes luego serían fusilados o podrían sobrevivir a los disparos de la Policía, entre ellos Nicolás Carranza, Carlos Lizaso, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. "Existió responsabilidad del Estado nacional argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento", dice el veredicto conocido el lunes 22 de junio de 2026. Si los acusados estuvieran vivos, la condena sería a prisión perpetua, sostuvo la jueza: Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo son penalmente responsables. Al primero lo alcanzó en 1970 el largo brazo de la justicia popular cuando tramaba un contubernio para prorrogar nuestra dependencia bajo nuevas formas. Mientras que la última víctima sobreviviente que llega a esta instancia es Juan Carlos Livraga, "el fusilado que vive". Tarde pero seguro entonces, la versión oficial de la Revolución Fusiladora acaba de derrumbarse, como lo irán haciendo inexorablemente todas las falacias del poder. Fue una Operación masacre, tal como lo contó Rodolfo Walsh. Fue fusilamiento. Fue el Estado. No caben ni olvido ni perdón.
Oportuno ejemplo para que el peronismo entero se mire en el espejo de su propia historia, y de tantos ausentes queridos que oportunamente fueron capaces de cortar la digestión a los dueños del país.-
A la compañera Berta Carranza
JORGE FALCONE
