La utopía
reaccionaria de una Argentina exclusivamente consumidora
MILEI: ¿DE PANELISTA A ESTADISTA?
Numerosos analistas coinciden en que la disputa principal que encierra la transición hegemónica global entre EEUU y China consiste en quién se queda con el trabajo.
El presidente argentino, un globalista liberal sólidamente alineado con su par proteccionista estadounidense en la defensa de un Occidente en decadencia, está dispuesto a embarcar a nuestro país en la aventura de cerrar el candado imperial sobre el Caribe, que la cancillería cubana acaba de denunciar en los siguientes términos: “Condenamos anuncio del gobierno de #EEUU de cerrar el espacio aéreo de #Venezuela, acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional. Constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Llamamos a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar el preludio de un ataque ilegítimo”.
A través de sus redes sociales, el presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en términos similares, afirmando que la larga historia de intervenciones militares de Estados Unidos debe terminar y que “la invasión debe quedar proscrita” si se busca una América grande, que abarque desde Alaska hasta la Patagonia.
A su vez, dada la escalada del conflicto entre el Gran País del Norte y la Venezuela Bolivariana, luego de que Donald Trump amenazara con iniciar “muy pronto” ataques terrestres en suelo venezolano, el Comité Nacional BRICS emitió un comunicado en el que se pronunció en los siguientes términos. “Ante la amenaza de una intervención militar de los EE.UU. en Venezuela y de la posición asumida por el gobierno argentino, el Comité Nacional BRICS está comprometido en que América del Sur siga siendo una tierra de paz”.
En tan grave contexto geopolítico, Javier Gerardo Milei está dispuesto a servir de felpudo al hombre de la Casa Blanca pagando cualquier precio por los dólares que le permitan terminar su mandato y, de ser posible, reelegir.
Cada vez más ajedrecista y menos clown, todas sus decisiones de Estado sintonizan con semejante disposición. En ese marco se inscribe la designación de un general liberal del arma de Infantería como el ahora Ministro de Defensa Carlos Presti, alfil con que, tras haber estrechado filas con Granaderos y la Casa Militar, Javier Milei le va comiendo la agenda a la Vicepresidenta Victoria Villarruel, en procura de asumir el monopolio de la derecha local.
En paralelo, la Casa Rosada continúa ampliando su base de sustentación parlamentaria - el empate en Diputados entre libertarianos y peronistas es un buen ejemplo - y acordando cada vez con más gobernadores, que ante la creciente conurbanización del peronismo, se muestran solícitos a quebrar el Pacto Federal.
Ante el panorama descripto, no puede decirse que Milei carezca de un plan:
Los sectores vulnerables han pasado de contar con alrededor de 4.000.000 a 7.400.000 personas abarcadas por la AUH, recurso utilizado como colchón regulador del descontento social, mientras se elimina la mayor parte de las políticas públicas.
Entre los sectores medios, el dólar barato ha permitido que 9.700.000 personas viajaran al exterior en lo que va de 2025.
En tanto que los sectores privilegiados gozan de una enorme rentabilidad. Hoy hay 250.000.000.000$ de argentinxs fuera del sistema, contingente para el que el gobierno prepara un nuevo blanqueo de capitales.
A la vez que prosperan el agro y la pesca, la cartera de Economía baraja un futuro crecimiento de entre 4 y 6 puntos %, cosecha récord de trigo incluida.
De este modo, las usinas comunicacionales pro oficialistas editorializan sueltas de cuerpo que para el anarcocapitalismmo hay 2026.
Sin embargo, pese a los indicadores consignados, el modelo resulta inviable, en tanto privilegia la importación y destruye el empleo (industria, construcción y servicios) La ola de despidos en empresas como ILSA, CORBEN, o Frávega constituye apenas el “botón de muestra”.
Sin ir más lejos, el gremio metalúrgico - que sostiene una paritaria de 14 meses sin acuerdo - ha denunciado que, de contar con 570.000 trabajadores activos en 1975, pasó a 260.000 en lo que va del año, a la vez que registra una severa crisis por ejemplo en la Línea Blanca de Rosario.
A todo esto, en los últimos días adquirió gran repercusión la inquietud manifestada por Paolo Roca - uno de los cuadros más lúcidos de la clase dominante - en la UIA ante un posicionamiento internacional que considera fallido (trabajo, industria, energía)
De modo tal que mal puede considerarse reconversión lo que a todas luces es achicamiento.
En esa dirección y no en otra avanza el oficialismo, que acaba de decidir ponerle punto final a la segmentación tarifaria. Desde ahora, el sistema será "focalizado". Los hogares se dividirán entre los que pagarán todo y los que seguirán recibiendo una bonificación. Los primeros son los que superan las tres canastas básicas, unos 3.500.000 pesos. Los segundos, los que están por debajo. Pero más que un cambio administrativo, es una definición ideológica: el Estado abandona definitivamente el principio de universalidad, la idea de que ciertos servicios deben ser derechos garantizados, y adopta la lógica de la focalización, que reduce drásticamente las ayudas.
Según advirtió Martín Maldonado, investigador del CONICET especializado en pobreza y políticas sociales, la metodología oficial que utiliza el INDEC para medir la pobreza en Argentina se rige por un sistema que resulta "obsoleto" y "superlimitado" porque fue diseñado en 1985 y solo contempla ingresos monetarios frente al costo de una canasta de 52 alimentos. De modo que, en rigor de verdad, la pobreza multidimensional en Argentina alcanza 67%, y no el 31,6% oficial.
Ajustando pues cada vez más la cincha de la economía, el estudio Bruchou-Funes de Rioja avanza con el proyecto de reforma laboral que el gobierno decidió que ingresará al Congreso por el Senado en febrero. El foco de los empresarios es ponerle un tope a las indemnizaciones laborales de los nuevos contratos que se celebren desde la sanción de la norma. El citado bufete es uno de los principales estudios de la city. También es muy cercano al gobierno: uno de sus socios dejó sus huellas en el archivo Word que sirvió como base para redactar la Ley Ómnibus. En rigor, al estudio lo maneja el ex titular de la UIA ya que su fundador Ernesto "Nete" Brouchou hace años que se retiró a Punta del Este y viene pidiendo, sin éxito, que quiten su apellido de la chapa. Si bien los empresarios del círculo rojo permiten que Federico Sturzenegger se divierta adelantando cuestiones menores de la reforma laboral, prefirieron no correr riesgos y encargaron la redacción al ex titular de la UIA que delegó la tarea en sus dos hijos. El proyecto que el gobierno presentará en el Senado fue bosquejado por Ignacio y Rodrigo Funes de Rioja, hijos de Daniel, socio principal del estudio y hombre fuerte de la UIA desde hace décadas.
Así, en un diciembre sumamente caldeado, pero desgraciadamente no aún por la combustión de las gomas quemadas, la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fijado por el Gobierno en $328.400 a partir de noviembre de 2025. La central obrera sostuvo que el monto es “insuficiente y desconectado de la realidad socioeconómica de los trabajadores”, y recordó que la decisión se tomó de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario fracasara en alcanzar un acuerdo entre sindicatos y empleadores. De esta manera se continúa consolidando el ajuste sobre el ingreso, ya que se trata de un irrisorio incremento promedio de 5.400 pesos mensuales durante diez meses, agregados de manera unilateral al cabo de dos años de estar congelado. La Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo estableció un esquema de actualización mensual hasta agosto de 2026. El Gobierno avanzó con el laudo tras la reunión del 26 de noviembre, realizada por videoconferencia, donde ninguna propuesta obtuvo el respaldo necesario. La medida también redefine la prestación por desempleo, que desde ahora se calculará con los valores vigentes del salario mínimo. Para la CGT, el incremento queda lejos del objetivo de recuperación salarial. “Nuestra propuesta contemplaba restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023 e incorporar la inflación proyectada hasta abril de 2026”, señalaron. Según detallaron, su planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6% mediante tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril.
Por su parte, los
movimientos sociales, los gremios estatales, las organizaciones piqueteras y sectores
del peronismo anunciaron una serie de medidas de fuerza, marchas y ollas
populares contra “las políticas de ajuste y la reforma laboral”, impulsadas
por La Libertad Avanza.
Desde la Casa Rosada le
restan importancia a la amenaza: descreen del “poder de movilización” de estos
sectores y recuerdan que aplicarán - como en todos los casos - el protocolo
antipiquetes. Hace un par de días, las principales organizaciones que integran
la Unión de Trabajadores de la
Economía Popular (UTEP) - entre ellas el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa
(CCC) - realizaron una asamblea “hacia un plan de lucha” en la Plaza
Belgrano, ubicada entre las calles 13 y 40 de la ciudad de La Plata. Algunos puntos ya fueron acordados: el 9 o 10 de diciembre comenzarán las primeras
medidas. “Será una jornada de
lucha con todas las organizaciones populares, una jornada cuyas características
vamos a anunciar en los próximos días”, adelantaron. Según Alejandro
“Peluca” Gramajo, secretario general de la organización, “el eje va a estar puesto en los temas
sociales y en los problemas vinculados al trabajo, la cuestión alimentaria y el
avance del narcotráfico y los tranzas en el territorio”.
A su turno, parándose de manos ante la Batalla Cultural encarada por un gobierno apologista de los crímenes de Estado, los principales organismos de Derechos Humanos convocaron a una Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos para el próximo 10 de diciembre en reclamo al gobierno nacional y al Poder Judicial por la continuidad de los juicios y de las políticas públicas de Memoria, así como por la libertad de Milagro Sala, señaló el comunicado difundido en las últimas horas con la firma de Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares; Madres Línea Fundadora; HIJOS Capital; APDH; Buena Memoria; CELS; la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el SERPAJ. Además de los crímenes cometidos en la última dictadura, los organismos reclamarán la libertad de todos los presos políticos por luchar, así como el rechazo a la criminalización de la protesta social y a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, aparición con vida de Jorge Julio López, y restitución de la identidad a los casi 400 nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado, agregaron.
El recrudecimiento de las luchas en el contexto urbano va en paralelo a la aguerrida defensa del ambiente y los bienes comunes en la Argentina Profunda. En tal sentido, las observaciones del CONICET Mendoza, revelan un patrón: “se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino”. La falta de datos actualizados y estudios adecuados “impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. Por ello considera “necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”. Solo “una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia”. Según algunos observadores, la movilización de los sectores que repudian la iniciativa lentamente va adquiriendo la dimensión de un nuevo Mendozaso. Vale la pena prestar atención a lo que sucede cotidianamente a distancia del foco de los medios concentrados, porque a menudo ahí se generan las grandes sorpresas de la Historia.
Recapitulando, en el campo popular existe generalizado consenso acerca de que un país solo de consumidores sería inviable, y en que se impone diseñar un modelo productivo inclusivo, que cuente con control político exterior y una reforma tributaria progresiva, ya que el mundo entero reclama proteger el trabajo.
Ante la vacancia de propuestas estratégicas desde el campo popular, amplios sectores de la militancia están considerando la necesidad de propender a un horizonte de entendimiento entre la izquierda y lxs desencantadxs del peronismo, algunxs de lxs cuales - hay que decirlo - continúan aferradxs a una supuesta Edad Dorada. Por ahora, los primeros se muestran mejor predispuestos al establecimiento de ese impostergable diálogo.
Se avecinan eventos propicios para avanzar en tal dirección: El último viernes de noviembre tuvo lugar el lanzamiento del Comité Internacional de la Conferencia Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos, que se celebrará del 26 al 29 de marzo de 2026 en Porto Alegre. La reunión virtual, dirigida por el Comité brasileño desde la capital del Estado de Rio Grande do Sul, reunió a más de 80 compañeros de diferentes partes del mundo, entre ellos el historiador belga Eric Toussaint, figura destacada del movimiento altermundialista y promotor directo de la Conferencia, y contó con traducciones al francés, inglés y español. El Concejal Roberto Robaina, Presidente del PSOL de Porto Alegre y uno de los coordinadores del evento, abrió la reunión destacando la importancia de debatir el “antifascismo” a nivel internacional para combatirlo. Explicó que la primera etapa del evento se logró gracias a la articulación entre el PSOL y el PT, a la incorporación del PC do B y a la adhesión decisiva de organizaciones sociales. Destacó la participación del Cpers-Sindicato, de la CUT y, en particular, la incorporación inmediata del Movimiento de los Sin Tierra (MST) al Comité Organizador, lo que garantizó que el proceso se inscribiera en la unidad de la izquierda y en la fuerza de los movimientos de la clase obrera. Robaina añadió que los Foros Sociales Mundiales, organizados en Porto Alegre a principios de la década de 2000, sirvieron de inspiración para la próxima Conferencia. “Los Foros fueron momentos importantes, en esa ocasión, para la unión. Tuvieron un impacto real en la situación política e internacional. Por lo tanto, también nos inspiramos en ese objetivo, pero con un enfoque más concreto, a partir de la necesidad de luchar contra el fascismo”, explicó. “Desde el principio, tuvimos una articulación Internacional inicial a partir de las iniciativas de Eric Toussaint y, por lo tanto, hoy estamos aquí gracias a la articulación del Comité local y de los que ya están aquí, de los que estaban involucrados en el trabajo Internacional. Y he visto aquí que tenemos las condiciones para organizar una Conferencia Internacional muy representativa por la propia naturaleza de la reunión que estamos organizando”, concluyó, afirmando que era un orgullo para la ciudad volver a acoger un espacio de debate de esta envergadura, sobre todo después de que el país haya sido gobernado por una de las principales experiencias de extrema derecha del mundo.
Detrás de la agobiante información con que se nos bombardea a diario abundan evidencias de que la savia no hace ruido, pero la hierba igual crece.-
JORGE
FALCONE
