Ley de Tierras:
UNA PATRIADA DECISIVA PARA QUE ARGENTINA NO VUELVA A SER COLONIA
Por estas horas,
la atención geopolítica global está puesta en el veredicto de las urnas en el
sub continente brasileño, cuyo resultado, en caso de ser favorable al
oficialismo actual, complicará los planes de dominación imperial en lo que
Washington considera su “patio trasero”, y en caso contrario, sacará al
presidente argentino de las preferencias de la Casa Blanca en la región. Según la encuesta del Instituto DataFolha realizada
entre el 13 y el 15 de septiembre - conste que, pese a que los datos de otros
institutos de investigación presentan números ligeramente diferentes, todos
indican una dinámica electoral similar -, a primera vista, Lula (PT) tiene el
45% contra el 34% de Bolsonaro (PL) del total de votos, una ventaja del 12%, lo
que significa, en relación a la encuesta anterior del instituto, una
estabilidad de Lula y una caída de 1 punto porcentual de Bolsonaro, la
aparición de cuyas fotos en una orgía acaban de producir un escándalo. Los demás
que puntúan son Ciro (PDT) con un 8% y Tebet (MDB) con un 5%. En cuanto al
número de votos válidos - sin contar los blancos y los nulos -, Lula aparece
estable con el 48% de los votos emitidos. Las encuestas muestran que en los
grandes bastiones de la población brasileña, Lula se mantiene al frente, ya que
la política electoral de Bolsonaro no ha podido ganar más votos en esta
porción. El ex presidente va por delante y tiene el 52% de los votos entre los
que ganan hasta 2 salarios mínimos, mientras que Bolsonaro tiene el 27%. Esos
datos ilustran que las políticas electorales (aumento de Auxílio Brasil de R$
400 a R$ 600, subsidios al sector camionero y taxista y la reducción del
impuesto a los combustibles) para frustración de la campaña de Bolsonaro, no
tuvieron efecto entre los que ganan hasta 2 salarios mínimos, sector que tiene
mucho peso en la elección, pues representa el 49% del electorado encuestado.
Como venimos sosteniendo en nuestros últimos editoriales, las elecciones
previstas para fines del año en curso (Brasil, Israel, EEUU) prefigurarán el
mundo por venir a partir de 2027.
En una Nación cuyo Primer Mandatario pasa de ser el niño mimado de la ultraderecha global a convertirse en el hazmerreír de la prensa internacional - cuando queda balbuceando ante la cadena Bloomberg Televisión y para corregirlo acude al genuflexo escriba Luis Majul soltando ni más ni menos que el despropósito de haber deportado a 30.000 terroristas (la cifra del espanto), y militarizado la Quinta Presidencial de Olivos obsesionado con un posible atentado -, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acaba de advertir que el proyecto presentado por el gobierno de Javier Gerardo Milei como una iniciativa “sobre la soberanía de Malvinas”, en realidad rediseña áreas centrales del Estado y crea un nuevo órgano de gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional, que operará sin controles ni supervisión y “concentrará capacidades militares, de inteligencia y de castigo basados en supuestos de intervención mal definidos y potencialmente ilimitados”. Se trata de “un órgano para tiempos de guerra incompatible con la democracia”, enfatizan en su denuncia.
Además, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó nuestro país, mientras el viaje del presidente Javier Milei a la Argentina Week de París, junto con integrantes del equipo económico y gobernadores colaboracionistas, generó expectativas sobre un próximo cierre de la tercera revisión. En ese proceso, el Gobierno accedería a un waiver - una dispensa - por incumplir la meta de superávit primario del primer semestre y recibiría una evaluación favorable por superar el objetivo de acumulación de reservas internacionales, aunque con asistencia del organismo multilateral. El FMI advirtió que es importante que el crecimiento en Argentina, que hasta ahora se ha visto enfocado en determinados sectores como energía, minería o agricultura, “se amplíe y se distribuya en forma equitativa”. En conferencia de prensa celebrada en Washington, la directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, contestó varias preguntas sobre Argentina, luego de que la citada misión técnica del organismo culminara su visita en Buenos Aires. Encabezados por Joyce Wang, los representantes del FMI examinaron durante 10 días los números de la economía y se entrevistaron con funcionarios y actores sociales. Elaborarán en las próximas semanas un informe técnico que se elevará al Directorio Ejecutivo del organismo para su aprobación final, que significaría la liberación de un desembolso de US$800 millones. Pero cabe destacar que la recaudación volvió a mostrar en septiembre una de las zonas más frágiles del programa económico: el IVA, el impuesto que sigue de cerca el movimiento del consumo, acumuló once meses consecutivos de caída en términos reales. El dato agrega presión sobre el frente fiscal justo cuando el Gobierno negocia con el FMI el cierre de la revisión del programa. Kozack dijo que esa discusión “continuará por varias semanas”. Mientras los técnicos permanecían en el país, se conocieron algunos datos negativos como la caída de la actividad económica en julio, el pronóstico del JPMorgan de una recesión en el tercer trimestre y el aumento de la pobreza en el primer semestre. Por si no bastara con ello, en ese lapso el riesgo país alcanzó los 609 puntos.
Así, a considerable distancia de los indicadores macroeconómicos enarbolados por el oficialismo, solo por citar un registro sumamente significativo para nuestra cultura gastronómica, en el país de las vacas el consumo popular de carne se desploma y aparecen en los mercados hamburguesas de tripas de cerdo (!)
A propósito del huevo de la serpiente que hoy campea en Argentina, con motivo de la reciente publicación de su correspondencia con la cantante Liliana Herrero bajo el título de "Desandar los días - Correspondencias y conjuros", la socióloga, ensayista, investigadora y docente María Pía López comentaba “lo que llamaría derrota es la dificultad que tenemos de poder hacer explícitas muchas veces esas imágenes de sociedad que nos guían, que nos orientan, mientras confrontamos a una elite gobernante que logra explicar muy claramente su imagen de sociedad". Y, en coincidencia con el filósofo Diego Sztulwark, ampliaba: "El punto clave es el momento del intento de magnicidio a Cristina, porque lo que condensa ahí, no solo a nivel de grado de agresión que finalmente tienen, lo que estábamos viendo era un magma de acumulación de lógicas de persecución, de odio, de linchamiento, y que de golpe pasan al acto. Pero lo que revela era la sensación de que la bala no salió pero llegó a destino, y eso lo que de algún modo estaba mostrando era que no estábamos pudiendo resistir lo que se venía, no estábamos pudiendo responder a un hecho de tal magnitud, y no poder responder a eso es la cárcel de Cristina hoy, hablo de responder socialmente, con el grado de énfasis democrático que requería la gravedad de lo ocurrido".
Por su parte, una activista con agudo olfato plebeyo como Georgina Orellano, referente de AMMAR, así describe nuestro presente: “Mientras la política partidaria está viendo las elecciones de 2027, hay una compañera picando ibuprofeno, otra bajando la aplicación de Tinder, otro pibe manejando un Uber 18 horas por día, otra que da clases en una escuela primaria y a la noche sube contenido a plataformas digitales como OnlyFans porque el ingreso de su trabajo registrado no le alcanza. Esa es la sociedad que tenemos ahora”.
No se equivoca demasiado: En la principal fuerza de oposición (?), mientras, para postularse, la ex presidenta espera el fallo de la ONU por la proscripción, cuaja entre sus principales dirigentes - Áxel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Ricardo Quintela, Sergio Uñac, y Jorge Capitanich - el acuerdo acerca de que el candidato para 2027 surja de la voluntad popular.
En tanto, por primera vez en más de un siglo, continúa creciendo una izquierda que intenta no anclar sus aspiraciones a un horizonte exclusivamente electoral, evitando caer en el exitismo y confundir sensación térmica con temperatura.
Ante el panorama descripto hasta aquí - cuándo no -, la CGT desecha por ahora realizar el quinto paro general contra Milei y decide que su próxima medida de fuerza será una movilización callejera en defensa de la industria nacional, prevista para el 8 de octubre. Así se resolvió en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que deliberó en la sede de la UOCRA, diferenciándose de las dos CTA, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.
Pero la clase dominante no claudica ni un instante en la defensa de sus intereses. Con asombroso sentido de la oportunidad, la Corte Suprema repuso el artículo 154 del DNU 70/2023 con el que el gobierno había derogado la llamada Ley de Tierras, lo que habilita ahora la liberación del mercado de tierras y su extranjerización. La vieja norma mantenía su vigencia por un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad de la decisión del Poder Ejecutivo que, por esa limitación, intentó avanzar sin suerte con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lo que no pudo el Senado, que tuvo que excluir toda la referencia a venta de tierras a extranjeros ante el reclamo popular en defensa de la soberanía, lo hicieron en ocho páginas los tres cortesanos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz (nombres y apellidos para no olvidar) No solo eso: no opinaron sobre la cuestión constitucional, solo hicieron caer el fallo anterior con el argumento de que el Centro de Ex combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar una acción colectiva. La Corte Suprema nunca se expidió sobre la discusión de fondo respecto del famoso DNU 70/23, que Milei publicó a poco de asumir, el cual desreguló la economía y derogó otras leyes (como la de Abastecimiento, la de Alquileres, la de Góndolas, la de Compre Nacional) sin explicar la necesidad y la urgencia. En cambio, el tribunal rechazó planteos por cuestiones formales y, así, permitió la vigencia de buena parte de las disposiciones de ese decreto, que solo en algunos casos fueron suspendidas por fallos aislados de otras instancias. En la demanda iniciada por el CECIM, el argumento técnico fue que los ex combatientes carecen de legitimación y que no había ningún “caso” configurado. Para los supremos, la soberanía no es un bien jurídico ni colectivo. Todo lo que hizo hasta ahora fueron gestos favorables al gobierno libertariano. No obstante, el CECIM advirtió en un comunicado que, de esta manera, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido”. “Mientras el pueblo gritó con fuerza ‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe el bien jurídico soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras”, señala el texto. La Corte, agrega la organización, “dijo que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un tribunal”.
Con la medida en cuestión queda palmariamente de manifiesto el inocuo carácter de unas elecciones que ya vienen acumulando más desertores que votantes, configurando un escenario inéditamente dramático que interpela a fondo tanto a un peronismo en el que proliferan pre candidatos presidenciales, como a una izquierda con nobles intenciones pero que aún no atina a capitalizar el desgranamiento de adherentes al último movimiento histórico que alguna vez dio respuesta efectiva al pueblo argentino.
Las reacciones de repudio ante el arbitrario fallo no se hicieron esperar. Luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la derogación de la Ley de Tierras, legisladores de la Cámara Baja comenzaron de inmediato a organizarse para dar anular la totalidad del megadecreto. La propuesta inicial había sido pedir la sesión para el 7 de octubre, pero esa semana había muchos diputados ausentes, lo que complicaría el quórum. El DNU 70/23 fue rechazado en el Senado en 2024, pero en Diputados nunca se trató porque descontaban que no tenían los votos para bajarlo. La apuesta ahora es que la movilización popular y la presión a menos de un año de las elecciones hagan que los bloques aliados a La Libertad Avanza se bajen de esta cruzada neocolonial y voten el fin del decreto. Todos los espacios opositores coinciden en que la presencia en las calles será fundamental para lograr frenar el cheque en blanco que la Corte Suprema le dio al Gobierno libertariano para que regale el patrimonio nacional por decreto. Además del llamado a manifestar el 15/10, hay una propuesta de autoconvocados a concentrar el 5/10 frente al Obelisco y otra convocatoria de CTA para protestar el 6/10 frente a la Corte Suprema. El 15 de octubre congrega muchas luchas, porque si Diputados vota en contra del mega DNU, no se cae solo la derogación de la Ley de Tierras, sino que se caen los más de 300 artículos que ordenó Milei por decreto en diciembre de 2023. Eso implicaría: la recuperación de la Ley de Alquileres; la regulación de los aumentos en la medicina prepaga y otros servicios; la regulación a los intereses de las tarjetas de crédito y la limitación de quiénes pueden dar préstamos; y la restitución de la Ley de Góndolas, entre otros temas. También ese día se tratará en Diputados la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos para aliviar a las familias endeudadas. Y a eso se suma que para el 15/10 estaba prevista la 5ta. Marcha Federal Universitaria por la Ley de Financiamiento. En buen cristiano, la fecha se convierte en una cita con la Historia.
Desde ya, no solo el parlamento fue caja de resonancia de la bronca popular. La Asociación de Trabajadores del Estado escrachó a los cortesanos responsables de la odiosa medida en San Martín de los Andes. El repudio se llevó a cabo frente al hotel en que se hospedaban tras la lamentable decisión de los tres magistrados de revocar el fallo que había frenado al Artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que eliminaba la Ley 26.737 de protección y límite a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Eso no fue todo. En el C Art Media, conmemorando sus 30 años con el reggae, Néstor, el vocalista de Nompalidece, se manifestó abiertamente contra la medida en cuestión y convocó a ganar las calles para frenarla, expresando “estoy hinchado las pelotas. Tengo un micrófono y puedo expresarme”, ante una multitud que acompañó sus palabras coreando la conocida consigna de “La Patria no se vende”.
Y no es para menos, ya que la maniobra de los poderosos se articuló en tres fases perfectamente coordinadas: Los cortesanos habilitando la venta indiscriminada de nuestro territorio, el Presidente anunciando en París la instalación de numerosos data centers en la Patagonia, y la visita en noviembre del Vicepresidente norteamericano J. D. Vance, hombre de Peter Thiel que aspira suceder a Donald Trump.
En resumidas cuentas, tal y como vemos las cosas, para las elecciones nacionales falta un año, pero la entrega total de la Patria es ahora mismo. De modo que, si no bastara con marchas y declaraciones, pues habrá que volver a rugir y mostrar los dientes, como en tiempos mejores. O en 2027 terminaremos eligiendo a un nuevo Virrey.
Patricia Bullrich, por lo pronto, ya está en
campaña para ocupar ese rol, con el beneplácito del poder real.-
JORGE FALCONE
