CORONAVICENTIN O EL ARTE
DE RETROCEDER EN CHANCLETAS
A estas horas el
medio pelo argento con veleidad de runner experimenta la paranoia de volver a la
Fase 1 de la cuarentena, mientras los medios oficialistas lo miman recordando el síndrome de la
trinchera, lo que durante las grandes guerras del Siglo XX supuso no aguantar
la espera en el puesto de combate y lanzarse inconsultamente hacia el frente para
caer finalmente abatido por el enemigo.
En efecto, un
gobierno ni chicha ni limonada que prometió “no pagar la deuda con el hambre de
lxs argentinxs” cada vez hace mayores concesiones a los acreedores en una
negociación absolutamente blindada a la consideración de la opinión pública, recula
- corrido por un juez de provincia cómplice de la empresa - respecto a la amenaza de expropiar sin
cortapisas a una firma monopólica y fraudulenta, cede a la claustrofobia de
la pequeña burguesía consumidora flexibilizando el protocolo sanitario… para
terminar arrepintiéndose ante nuevos picos alarmantes de contagio.
¿Será que el
complejo escenario que le toca afrontar genera la tentación de soltar la rienda
del caballo encabritado de la realidad y culminar este mandato sin hacer olas, pateando
el pago de la deuda para el gobierno que asuma en 2023, a riesgo de que sea el
de la ceocracia depredadora reloaded?
Recapitulando: Si desde
la asunción de Alberto Fernández
algún anuncio oficial obtuvo repercusión favorable en los sectores populares,
ese fue el correspondiente a la justificadísima intervención/expropiación de la
firma Vicentin SAIC, que resume la historia del gran capital saqueador de la
riqueza nacional, decisión tomada a las apuradas, sin estudiar en detalle el
tema ni construir consensos previos.
“Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien”,
fue la frase que el popular capocómico Alberto
Olmedo consagró durante los años 80.
A propósito de ello, el 4 de
febrero de 1955, meses antes de que la restauración oligárquica asaltara al
gobierno democrático del Gral. Perón,
se expropiaba el Grupo Bemberg (dueño de lo que luego sería la Cervecería
Quilmes) Acaso la nacionalización de esta empresa haya sido la decisión más
importante llevada adelante por gobierno alguno contra un monopolio empresario
en la Argentina.
El Grupo Vicentin
se desarrolló a partir del crack de los años 30. La dictadura del Gral. Onganía le ofreció la primera
ayuda del Estado para explotación de algodón y ganado. En poco tiempo se
convirtió en la principal agroexportadora argentina, que en su balance de 2018
llegó a ganar 30.000 millones de pesos de utilidad neta. Cabe destacar que durante
la última dictadura oligárquico-militar genocida, dicha empresa propició el encarcelamiento y tortura de 22
miembros de su personal, 17 de ellos delegados. En 1979 se le otorgó el Puerto
de Ricardone. En 1982, Domingo Cavallo
estatizó la deuda privada y condonó a Vicentin 22 millones de dólares. Entre
2003 y 2015 ganó 30 millones de dólares por año. En 2019, con la complicidad
del macrismo, recibió 36 créditos antes de declararse en cesación de pago, lo
que constituye un palmario ejemplo de corrupción aún impune.
Renova es el
nombre de la empresa donde se asociaron (50% cada una) Vicentin y
Glencore, la empresa suiza que lidera el negocio mundial de los alimentos.
Poseen plantas en las proximidades de Rosario. En San Lorenzo produce biodiesel,
rubro en el que lidera el mercado mundial. En Timbués tiene sus moliendas de
soja. A fines del año pasado, Vicentin le vendió a Glencore el 16,7% de las
acciones, llevando su paquete al 66,7%. Es bueno recordar que la facturación
total de Glencore es la mitad del PBI argentino. En nuestro país explota, desde
1997, la mina Bajo La Alumbrera. Desde las proximidades del gobierno se afirma
que el plan de Glencore es comprar el paquete accionario restante de la
planta de molienda de soja Renova. La situación de Glencore, de no solucionarse
amigablemente, puede terminar en el Tribunal del CIADI, que regularmente falla
en contra de nuestro país.
El gobierno
nacional, carente de programa conocido de largo plazo, procuró hacer de esta
iniciativa una causa digna de la que en 2008 supuso la 125, enarbolando
livianamente la bandera de la soberanía alimentaria, cuando tomar el tema en
serio supondría cuanto menos revisar la matriz productiva extractivista
establecida desde 1996, cuando el hoy Canciller
Solá era Ministro de Agricultura de Carlos
Saúl Menem.
Si se hubiera
puesto el eje de la presión estatal en la quiebra de la empresa, ello hubiera
permitido transformarla rápidamente, de la mano de los créditos laborales, en una empresa social en el marco de las
empresas recuperadas. Ello también facilitaría una superior autonomía futura y
una independencia mayor respecto de los bancos privados nacionales y
extranjeros, que de lo contrario seguirán apretando el cinto en torno al futuro
de este grupo, al margen de quien tenga su gestión. El crédito de la banca
estatal se podía garantizar con la propia evolución de la empresa, con gestión
estatal y participación de los sectores productivo y laboral.
Avanzar en esa
dirección es prerrogativa indelegable de un Estado nacional dispuesto a velar
por los intereses de la Patria y dispuesto a dar una solución justa a las
30.000 familias afectadas que hoy esperan respuesta.-
JORGE FALCONE
No hay comentarios:
Publicar un comentario